El juez calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Hermilo Cruz Caraza, imputado del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, solicitó la ampliación del término para presentar pruebas en su favor, confirmó el Juzgado Primero Penal.
Este pasado miércoles vencieron las 72 horas que establece la ley para que la autoridad judicial emitiera su determinación en torno al caso de este servidor público municipal, sin embargo, será hasta el próximo sábado cuando se dicte la sentencia por parte del juez.
El proceso se encuentra en etapa de preinstrucción, concedida la ampliación a 144 horas y que vencen el próximo sábado cinco de marzo, dio a conocer el Juzgado.
Se informó que Cruz Caraza rindió su declaración, a la cual no se tuvo acceso por la secrecía del proceso legal que enfrenta, esta ya fue ratificada, y se adelantó que el indiciado ha presentado pruebas documentales, informes de autoridades e inspecciones oculares a fin de probar su inocencia.
En estos próximos tres días tendrá posibilidades de aportar más datos que permitan a la autoridad judicial emitir la sentencia correspondiente.
El hoy preso de manera preventiva forma parte del expediente penal 031/2013 y el pasado domingo 28 de febrero fue aprehendido por elementos de la coordinación estatal antisecuestro, en cumplimiento de una orden de aprehensión liberada por el Juzgado Primero Penal del STJE que lleva la causa.
A Cruz Caraza se le imputa el delito de secuestro agravado, luego de la detención de dos jóvenes, que fueron trasladados por elementos de la Policía Preventiva Municipal a las celdas del Dos Zaragoza y que presuntamente estarían involucrados en la comisión de este delito y de los cuales no se han ofrecido detalles.
Se dio a conocer que Cruz Caraza habría dejado en libertad a los dos jóvenes detenidos presuntamente por faltas administrativas y después de su salida, los familiares de ambos no han tenido información sobre su paradero hasta la fecha, por lo que presentaron una denuncia.
OPINAN EN EL CONGRESO
El Congreso del Estado exigió que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso, debido a la importante función que representa un juez calificador como la primera instancia que administra justicia en un municipio.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas, resaltó que son los responsables de la justicia cotidiana. “Son los responsables de la justicia cotidiana, es el hecho de ver que si te pasas un alto te infraccionan, que no te extorsionen, la justicia cotidiana; es lo que día a día le pasa a las personas y todos los delitos de más impacto van a parar a los jueces calificadores, las riñas, los robos menores, entonces sí es importante que se investigue a fondo”, señaló.
Por su parte el diputado presidente de la comisión de derechos humanos en el Poder Legislativo local, Arsenio Ortega Lozano, lamentó el retraso de la justicia en casos como el del juez calificador acusado de secuestro.
“Lo primero que hay que ver es la lentitud de los procesos, estos hechos si mal no recuerdo ocurrieron en 2013 y ahora en este año 2016, tres años después, quizás un poco menos se presenta una orden de aprehensión”, dijo.
El legislador de extracción petista cuestionó el trabajo de las autoridades judiciales, ya que durante aproximadamente tres años, el imputado continuó ejerciendo funciones de servidor público, con los riesgos que ello implica, habiendo cometido presuntamente un ilícito.
“Creo que esto da para hacer una profunda revisión de los tiempos y haciendo una profunda revisión para ver si no están inventando culpables, porque tres años es demasiado tiempo, no sabemos si esto es real o no, en tres años se pueden maquillar muchas casas, se pueden fabricar culpables, se pueden olvidar incluso y a veces las autoridades pareciera que están apostándole a que se olviden”, concluyó.
