Rogelio Rodríguez Mendoza.-
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) informó que en 38 centros de detención de Tamaulipas, evaluados en octubre pasado, persiste un alto número de irregularidades que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato.
A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el organismo defensor de los derechos humanos emitió este lunes dos informes de seguimiento en los que prácticamente reprueba la respuesta que el Estado y los ayuntamientos dieron a sus observaciones.
“Como resultado de la visita de seguimiento sobre las acciones realizadas por las autoridades estatales, se constató que de las 232 situaciones observadas de manera inicial que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, 91 ya no presentan situaciones de riesgo, 22 presentan avances encaminados a su atención y 119 aún persisten”, detalló.
De los 38 centros de detención evaluados, 30 dependen competencialmente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); de la Secretaría de Seguridad Publica; la Secretaría de Salud y del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Entre ellos existen Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), agencias del Ministerio Público, comandancias de la Policía Ministerial, casas-hogar del sistema DIF y hospitales.
Los otros ocho lugares de detención se ubican en los municipios de Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria. Se trata de cinco separos de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto; un albergue temporal y dos casas-hogar, una para menores y otra para adultos.
El propósito de las visitas de seguimiento a todos esos centros de detención, era verificar que las autoridades estatales hubieran corregido o subsanado las irregularidades o factores de riesgo de tortura detectadas en octubre por el personal de la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet).
Sin embargo, al darle seguimiento al caso, se estableció que aún persisten 131 situaciones de riesgo.
De los lugares de detención que dependen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se detectaron las siguientes irregularidades.
No se asigna una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas; las áreas de aseguramiento carecen de reglamento interno y manual de procedimientos; en algunas agencias del Ministerio Público se carece de personal médico para cubrir el turno nocturno y fines de semana; el personal médico no ha recibido capacitación sobre la elaboración de los certificados de integridad física, de acuerdo con el Protocolo de Estambul; el representante social no acude al área de aseguramiento para verificar el trato que se brinda a los detenidos.
