Revelan corrupción contra tamaulipeco

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Julio Guzmán.-

REYNOSA, Tam.- Después de cinco meses de estar detenido en el penal de Colima, por supuesta “delincuencia organizada”, el líder del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Reynosa, Tamaulipas, Julio César Jiménez Barrón, logró mediante sus abogados ventilar un grave caso de corrupción que implica directamente al Agente del Ministerio Público Federal de esa entidad.

El abogado Carlos César Farías Ramos, cédula profesional federal 2989608, defensor privado de Julio César Jiménez Barrón y del delegado federal del Inaes en Colima, Rogelio Salazar Borjas, reveló que en este caso están implicadas autoridades policiales y ministeriales, quienes armaron todo un caso de delincuencia organizada contra sus defendidos, y todo porque no apoyaron la campaña del ahora gobernador de dicha entidad, Nacho Peralta.

Indicó que los funcionarios federales, con dolo, fragmentaron, desvanecieron y ocultaron elementos facticos, relacionados a la detención de Rogelio Salazar Borjas, y de Julio Jiménez Barrón.

Destacó que en sus investigaciones descubrieron lo que la justicia federal mantenía oculto, desvanecido y fragmentando, y que hasta la fecha mantienen injustamente detenidos al servidor público y al líder estudiantil.

“Todas esas pruebas que estaban ocultas fueron inmediatamente incorporadas a la carpeta de investigación 390/2016, contenientes de peso y fuerza de razón cronológicamente congruentes, convulsionando todo lo anteriormente realizado por autoridades policiales y ministeriales, pues esto provocó génesis de líneas de investigación, con vuelco en sus estatus y objetivos”.

“Hoy la investigación de los hecho incriminados a Rogelio Salazar Borjas y a Julio César Jiménez Barrón se redirigen e impactan contra servidores públicos que operaban, intramuros de las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el estado de Colima, así nuevas líneas de investigación surgieron que colisionan, contra la inicial imputación, restableciéndola y tornándola ilógica e irrazonable”, destacó el abogado defensor.

Aseguró que lo anterior, al día de hoy generó que el ciudadano Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República, ordenara una investigación federal a fin de esclarece delitos cometidos por servidores públicos de su institución, relacionados al Caso Borjas, así como el cese y separación del cargo inmediato del Agente del Ministerio Publico de la Federación creador del montaje incriminatorio contra los arriba señalados, victimas de proceso indebido y anulación de derechos mediante actividad ilícita de servidores públicos federales.

“Queda traslucido en carpeta de investigación 390/2016 del ministerio Público Federal que Salazar Borjas y Julio Jiménez son víctimas de actividad irregular de autoridades ministeriales federales, abuso de autoridad, contra la salud, y contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos con objeto doloso de desvanecimiento de su calidad de víctima de secuestro, tortura e incriminación, con anulación total de sus derechos”.

Farías Ramos recalcó que la actividad ilícita de autoridades policiales y ministeriales federales los mantienen privados de su libertad. Lo anterior se encuentra revelado en carpeta de investigación, y confía que en breve los inculpados recuperen su libertad y se castigue con todo el peso de la ley a los funcionarios de la ley federal involucrados en el caso.

Cabe destacar que a Julio Jiménez Barrón y al delegado federal del Inaes de Colima los secuestraron hombres armados el 27 de octubre del 2016 a las afueras de una finca de una comunidad de Jalisco, y los entregaron torturados, vendados de la cara y amarrados de las manos a policías municipales de Colima.

A su vez, los policías municipales los entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) asegurando que los habían detenido haciendo negocios y en poder de 20 kilos de cocaína.

Sin embargo la Sedena presenta un reporte donde afirma que ellos localizaron a los hoy detenidos vendados y esposados a bordo de dos vehículos, situación que contradice a las autoridades municipales que hasta la fecha no se han presentado a declarar sobre el caso. Son cuatro policías municipales involucrados.