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Fiscal anticorrupción

 

Cendy Robles

 

Vaya polémica la que ha desatado la elección del fiscal anticorrupción, misma que deberá quedar aprobada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta antes del cuatro de abril, fecha cuando el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá sesionar por primera vez.

Y es que a dos años de haberse decretado la creación de la Fiscalía Anticorrupción, esta sigue sin contar con un titular. Sin embargo, uno de los mayores problemas es que cuando esta elección se realice, apenas tendrá año y medio para poner en marcha un sistema que urge en nuestro país a fin de recuperar la credibilidad en las instituciones públicas.

Este Sistema Nacional Anticorrupción ha sido bastante criticado por expertos en transparencia, ya que está mal diseñado, al no contar con la suficiente autonomía.

México actualmente ya tiene un fiscal anticorrupción que es Raúl Cervantes, y quien como Procurador General de la República es el jefe inmediato de una unidad especializada de delitos cometidos por servidores públicos, misma que ahora será transformada en la Fiscalía Anticorrupción y la cual suma a la fecha más de 700 casos que no se han atendido por falta de voluntad política, al no otorgarles presupuesto suficiente y el personal necesario, y sin capacidad jurídica.

Muchos son los políticos que hoy se encuentran prófugos de la justicia por culpa de la falta de compromiso por parte de los procuradores en los estados y a nivel nacional, ya que en lugar de realizar trabajo de investigación terminan haciendo trabajo de protección para el “jefe”, ese que les concedió el nombramiento.

Por esta razón, las organizaciones de la sociedad civil que se han involucrado en el proceso para la creación de la Fiscalía Anticorrupción, piden que el artículo 102 constitucional se reforme para que la Fiscalía General sea autónoma y no mera simulación, como parece será.

Más de cien organizaciones civiles, defensores y académicos del colectivo #FiscalíaQueSirva exigieron a los senadores la cancelación del proceso para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; además de exigir se abran mesas públicas que permitan avanzar en la reforma del artículo 102.

Es importante mencionar que de acuerdo con el artículo transitorio décimo octavo de la reforma político-electoral, promulgada y publicada el diez de febrero de 2014, la elección del fiscal anticorrupción debe hacerla el Senado de la República por una mayoría de dos terceras partes de los votos.

Queda claro que hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, se percibe a una ciudadanía asqueada de los políticos mexicanos y de la falta de transparencia de las instituciones públicas.

El panorama es bastante incierto, especialmente para aquellos que verán frustradas sus aspiraciones políticas, porque se ve muy difícil puedan seguir tapando el sol con un dedo. Y la consigna va para todos los grupos políticos, sin importar el color, porque la decepción ha sido tan grande y la voluntad política por resarcir los daños tan inexistente, que México podría sorprendernos radicalmente en las próximas elecciones federales y locales.

Una simple muestra de la falta de voluntad política quedó más que clara con la negativa para presentar la declaración 3de3 de quienes hoy fungen como funcionarios públicos, tanto de quienes llegaron al puesto por elección popular, como de aquellos en quienes depositaron su voto de confianza quien los designó.

Muchas son las causas profundas que han originado el descrédito de las instituciones en México. Y es preocupante ver como cada vez más la ciudadanía desconfía de la información que el gobierno difunde, una clara muestra de ello lo vemos en el tema de seguridad.

Ahora bien, también es cierto que nulos han sido los resultados de las políticas públicas implementadas en materia de transparencia.

Y es que después de que en 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y en donde se buscará combatir la corrupción y mejorar la toma de decisiones gubernamentales, así como el diseño de políticas públicas… vemos que 15 años después, no se ha logrado involucrar a los ciudadanos en el uso de mecanismos de transparencia y acceso a la información y mucho menos generar confianza. Vemos que hay una ausencia de demanda de información pública, y vemos que la población únicamente conoce y utiliza la información que el gobierno le da a conocer.

Así que tenemos una culpa compartida, tanto de nuestras instituciones como de los ciudadanos. Realmente tenemos que hacer cada quien nuestra parte, si es que queremos transformar a nuestro país en un mejor lugar para vivir, ya no solo hagámoslo por nosotros, sino por las futuras generaciones. Para la reflexión.

Su opinión, denuncias y comentarios a [email protected] y en twitter: @cendyrobles.

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