Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- A partir del año próximo, todos los servidores públicos, incluidos los de entes autónomos, estarán obligados legalmente a rendir su declaración “3de3”, la cual, además, deberá ser pública.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos García González, explicó que la obligación estará incorporada en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y en la misma Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Actualmente tú como funcionario decidías si tu declaración era pública o privada, pero ahora, con las reformas y el Sistema Estatal Anticorrupción, la ‘3de3’ será pública. Ya no habrá opción”, precisó.
García González consideró que la medida será un importante instrumento para evitar la corrupción de los servidores públicos, porque habrá mayor visibilidad del uso que estén haciendo sobre los recursos públicos.
“Vamos a poder ver cómo entra y cómo sale cada uno de ellos”, mencionó.
En ese mismo sentido, el también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción no tendrá un costo oneroso para el Gobierno, porque la estructura prácticamente ya está operando.
Puso como ejemplo el caso del que será el Tribunal de Justicia Administrativa, que suplirá al actual Tribunal Fiscal del Estado.
Dijo que el avance de la implementación del marco normativo del Sistema Local Anticorrupción estará listo antes del 18 de julio, que es la fecha límite que establece la reforma constitucional en la materia.
Este mismo martes, la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXIII Legislatura dictaminó diversas leyes que integrarán el marco jurídico del Sistema Local Anticorrupción.
Los dictámenes serán llevados ante el pleno legislativo durante la sesión ordinaria de hoy miércoles.
Una de esas leyes es la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. El órgano jurisdiccional estará integrado por tres magistrados, aunque la propuesta de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) era de que fueran cuatro para mejorar la calidad y eficiencia en las resoluciones.
Además, fueron dictaminadas positivamente la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, la Electoral, la de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, la de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
