CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (Agencias)
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a las autoridades federales, estatales, partidos políticos y candidatos, que compiten en las urnas este domingo en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, a conducirse en un marco de seguridad, justicia, equidad y legalidad.
A un día de que concluyan las campañas electorales en los cuatro estados y se abra el periodo de veda electoral, el órgano del Poder Legislativo llamó al Gobierno federal y a los gobiernos de los cuatro estados a que “se conduzcan con pleno respeto a las disposiciones electorales y administrativas, evitando cualquier acto que vulnere las condiciones de equidad en los procesos electorales, así como la libertad del sufragio de los ciudadanos”.
Pide que los institutos electorales locales que han organizado las cuatro jornadas electorales, “garanticen condiciones de equidad en la contienda electoral y se conduzcan con plena observancia en los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”.
A los candidatos a tres gubernaturas, 270 alcaldías y 55 diputaciones, la Comisión Permanente los exhorta a actuar en la jornada comicial “con apego a los principios que rigen el proceso electoral y coadyuven para que se desarrolle en condiciones de equidad y civilidad”.
También los diputados y senadores del pleno de la Comisión Permanente exponen: “Hacemos votos para que las autoridades electorales, candidatos y candidatas, partidos políticos, garanticen condiciones de igualdad en el proceso y se abstengan de realizar acciones que pudieran constituir violencia política de género”.
Requiere que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) investigue y persiga los delitos que encuentre en el proceso electoral.
Propone que los gobiernos de los estados “fortalezcan y doten de recursos humanos y materiales necesarios a las fiscalías especializadas para la atención a los delitos electorales, de manera que estén en la posibilidad de perseguir e investigar “conductas relacionadas con presuntos hechos delictivos en materia electoral”.
