México, 4 Jun (Notimex).- La diputada Mirza Flores Gómez propuso reformar los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales para fortalecer el marco regulatorio, no dejar impune la violencia sexual contra menores de edad y evitar que pederastas salgan en libertad tras el pago de una suma de dinero.
Mediante una iniciativa, la legisladora de Movimiento Ciudadano plantea eliminar la liberación preparatoria de los delincuentes, establecer prisión preventiva oficiosa a los inculpados e incrementar las sanciones para delitos de estupro y abuso sexual.
En un comunicado se señala que en la actualidad esos delitos no ameritan prisión preventiva y, a diferencia de otros del tipo sexual contra menores, sí dan derecho a la libertad preparatoria.
Ante ello, la legisladora plantea eliminar ambos privilegios pues “es inadmisible que una violación a menores sea más o menos grave en función de la edad de la víctima y, por lo tanto, se otorguen más o menos derechos al agresor”.
Flores Gómez propuso castigar con cárcel de siete a 12 años y multa de 800 a dos mil días a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte material de pornografía infantil.
“No debe darse trato diferenciado entre productores y consumidores, pues ambos son parte de la red delictiva que atenta contra la integridad de nuestros menores”, opinó.
En el Artículo 85 del Código Penal Federal plantea que no se conceda libertad preparatoria a sentenciados por estupro y abuso sexual contra personas menores de 15 años o quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, no pueda resistirlo o se le obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona.
En tanto, en el Artículo 262 sugiere prisión de dos a cuatro años a quien cometa estupro. En lo que se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales pide estipular en el Artículo 167 que el abuso sexual contra menores y el estupro son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En el interés superior del menor refiere que es fundamental e inadmisible que “criminales con gran poder adquisitivo consuman y propicien la producción de pornografía infantil y lleven el proceso judicial desde la comodidad de su casa”.
El Estado debe actuar cuando un menor está siendo violentado en sus derechos humanos, activar el aparato institucional para frenar abusos sexuales y actuar para revertir en lo posible el daño “y esto incluye que no quede impune”, asentó en la iniciativa.
