Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- El Congreso del Estado analizará la posibilidad de reformar el Código Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa, como medida de protección de los ciudadanos contra la delincuencia.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos García González, admitió que se trata de un reclamo de un amplio sector de la sociedad, sobre todo de los comerciantes.
Dijo que los comerciantes de Matamoros le hicieron una invitación para reunirse con ellos y debatir sobre la necesidad de aprobar la portación de armas de fuego como medida para enfrentar a la delincuencia.
Sin embargo, aclaró, en lo personal es más de la idea de promover una reforma para ampliar el alcance de la legítima defensa, tanto en la casa-habitación como en los comercios.
“Ese puede ser un paso en el camino correcto más que dejar abierta la portación de arma de fuego. Es cierto que el artículo 32 del Código Penal ya contempla la legítima defensa como una causa de justificación, pero la idea sería ampliarla”, indicó.
El también coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que la propuesta de reforma ya fue presentada hacia el interior de la bancada panista por el legislador Jesús María Moreno Ibarra, pero acordaron posponer la discusión hasta desahogar el tema del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Es un tema del que hemos hablado por arribita, porque no lo hemos discutido a fondo. Pero sí, se trata de un asunto que habremos de discutir en su momento”, mencionó.
Actualmente, el numeral 32 del Código Penal del Estado señala que, “se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, salvo prueba en contrario, respecto de aquel que cause un daño a quien, a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio, trate de penetrar, sin derecho, a su hogar, al de su familia, a sus dependencias o a los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión”.
La demanda de los comerciantes tamaulipecos de que se les permita armarse como estrategia de defensa contra la delincuencia, nace de una reforma penal que aprobó recientemente el Congreso de Nuevo León.
La reforma neoleonesa amplió el criterio para los ciudadanos que actúen en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente.
Ahora, el Código de Nuevo León establece que “se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazara al agresor, en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor”.
Igual presunción, salvo prueba en contrario, favorecerá al que cause cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien encuentre dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual.
