CIUDAD DE MÉXICO, julio 31 (Notimex)
En el país, cuatro de cada diez arrestados son sin una orden de aprehensión, los detenidos sufren agresiones físicas y psicológicas, y dentro de la cárcel enfrentan hacinamiento y corrupción, reveló la primera “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El presidente del organismo, Julio Santaella, comentó que “la encuesta es la más grande que se tiene hasta el momento a nivel internacional. En suma, los resultados nos van a dar una radiografía como nunca se ha tenido del sistema penal mexicano. Intuíamos las condiciones de precariedad de la vida penitenciaria, pero ahora por primera vez, las hemos medido”.
La encuesta que se llevó a cabo en 2016 con más de 64 mil encuestados, reveló que 41.5 por ciento de las personas consultadas fue arrestada sin una orden de detención; de manera precisa, 21.5 por ciento fue extraída de su casa sin el documento y 20 por ciento lo levantaron en la calle.
El 25.5 por ciento de la población que fue encarcelada en 2016 fue arrestada inmediatamente después de haber cometido el presunto delito, reveló el director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Adrián Franco Barrios.
En conferencia de prensa, precisó que 79.3 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 fue esposada en el momento de su arresto, mientras que en 57.8 por ciento de los casos la autoridad empleó la fuerza física para someterla.
De las personas arrestadas, 75.6 por ciento sufrió algún tipo de violencia psicológica, como por ejemplo asilada e incomunicada (58.3 por ciento), amenazada con levantarle cargos falsos (52.5 por ciento), fue desvestida (46.2 por ciento), atados (40.2 por ciento), le vendaron los ojos o la cabeza (39.2 por ciento), le impidieron respirar (35.6 por ciento), entre otros.
Además, 63.8 por ciento de los arrestados sufrió una agresión física desde patadas o puñetazos (59 por ciento), golpes con objetos (39 por ciento), lesiones por aplastamiento (37 por ciento) descargas eléctricas (19.4 por ciento), quemaduras (6.5 por ciento).
En el Ministerio Público, al momento de rendir declaración, 46.6 por ciento sufrió presiones por parte de policías o autoridades para dar otra versión de los hechos. De las personas que rinden declaración, 47.5 por ciento se declara culpable y 50.2 por ciento no.
Una vez dentro del Centro Penitenciario, los internos comparten su celda con más de cinco personas, sobre todo en los estados de Baja California, México y Jalisco; además, 82.2 por ciento de los encarcelados en 2016 contó con una cama propia en su celda, pero 12.5 por ciento dijo compartir su cama.
En materia de seguridad, 19.1 por ciento de la población encuestada se sintió insegura al interior de su celda, mientras que 31.9 por ciento se sitió insegura dentro del centro penitenciario. Los centros que se perciben más inseguros fueron los Centros Penitenciarios de Chalco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.
Sobre los actos de corrupción, el funcionario destacó que esta práctica se da en todo el proceso, desde el arresto hasta el interior del centro penitenciario, siendo la detención donde se presenta más esta práctica.
El Estado de México (57.9 por ciento), la Ciudad de México (56 por ciento) y Puebla (48.9 por ciento) son las entidades con el mayor porcentaje de personas privadas de la libertad que son víctimas de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión.
El 66.4 por ciento de los reclusos pagó por exentar el pase de lista, mientras que 50.2 por ciento para tener aparatos eléctricos, 42.4 por ciento para cambiar de celda, 37.3 por ciento para salir al patio de visitas, 35.1 por ciento para tener agua potable, 30.4 por ciento para acceso al teléfono, 28.9 por ciento acceder a servicios médicos y 28.7 por ciento para recibir comida.
El 87.4 por ciento del total de pagos ilegales para obtener un servicio o bien, beneficio o permiso al interior del centro penitenciario durante 2016, fue entregado a los custodios y 36.1 por ciento a los internos.
A pesar de estas cifras, 94.2 por ciento de los reclusos que fueron víctimas de corrupción no presentó denuncia o queja por temor a represalias (31.4 por ciento), porque es una práctica común (26.6 por ciento), sería inútil (20.2 por ciento), obtuvo otro beneficio (9.7 por ciento).
Ante este panorama, el presidente del Inegi confió en que, con estos resultados, autoridades de los tres niveles de Gobierno, como los propios centros penitenciarios y las entidades de seguridad pública, apliquen medidas que corrijan esta condición.
“No es sorpresa para ninguno de nosotros de lo que está ocurriendo en las cárceles del país, vemos una situación de precariedad en distintos aspectos, pero ahora por primera vez sabemos el número preciso de personas que comparten su cama con otra persona, de personas que son víctimas de corrupción, que pueden identificar quién es el sujeto que los obliga a ser víctima de la corrupción”, puntualizó.
