CARACAS, Venezuela, julio 31 (AP)
La elección de una Asamblea Constituyente que daría poderes ilimitados al Gobierno socialista de Venezuela desató el rechazo dentro y fuera del país sudamericano, además de la imposición de sanciones económicas al presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Horas después de que Maduro advirtiera que la Constituyente irá contra los sectores adversos al Gobierno, la Fiscal General -una antigua aliada del Gobierno convertida en una abierta crítica de Maduro- desconoció la elección y consideró que es parte de “una ambición dictatorial”.
“Veremos un poder absoluto en manos de una minoría”, dijo Luisa Ortega Díaz al asegurar que con la Asamblea Constituyente se “acabará definitivamente” con el derecho al sufragio, la libertad de expresión y el derecho a manifestar pacíficamente.
Maduro dijo la madrugada de este lunes que entre sus primeras tareas, la Constituyente reestructurará el Ministerio Público, lo que hace prever la inminente salida de Ortega Díaz, quien se convirtió en la líder de un creciente movimiento disidente.
La Fiscal General, que desde marzo está enfrentada al Gobierno luego de pasar varios años vinculada al oficialismo, descartó que vaya abandonar su cargo, y sostuvo que Maduro ordenó la reestructuración del Ministerio Público porque ella es “incómoda” para los “planes desviados de un poder corrompido” y para los funcionarios involucrados en corrupción.
La elección fue cuestionada por varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, donde el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Maduro en respuesta a elegir la Constituyente. La medida considera la congelación de activos del mandatario venezolano en territorio estadounidense.
Ocho millones de venezolanos participaron el domingo en la elección de los delegados de la Asamblea Constituyente, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. El nivel de participación, sin embargo, fue objetado por la coalición opositora que sostiene que sólo unos tres millones de electores intervinieron en el proceso.
La Fiscal dijo que ordenó el inicio de una investigación penal ante las amenazas que recibieron algunos funcionarios públicos y beneficiarios de programas estatales sobre posibles represalias sino participaban en la elección de los constituyentes, e indicó que está evaluando acudir a instancias internacionales para denunciar los casos.
Agregó que el Ministerio Público tiene abiertas 36.124 investigaciones por corrupción, y que uno de los casos que más le preocupa son los contratos con la constructora brasileña Odebrecht que implicaron erogaciones por 30 mil millones de dólares para once obras que están inconclusas.
La coalición opositora convocó a nuevas manifestaciones este lunes mientras que el presidente del Congreso y dirigente opositor Julios Borges descartó la posibilidad de un diálogo con la Asamblea Constituyente y advirtió que la oposición mantendrá las protestas hasta lograr “elecciones libres” y un “cambio de Gobierno”.
En una entrevista con el canal de noticias Globovisión Borges sostuvo que el Congreso -de mayoría opositora- seguirá sesionando a pesar de amenaza del constituyente electo Diosdado Cabello de que la Asamblea Constituyente operará desde el Palacio Legislativo.
