CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 30 (Notimex)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó la necesidad de asegurar los derechos de todas las personas mayores en reclusión penitenciaria y llamó al Estado mexicano a ratificar la Convención Interamericana en la materia.
Señaló las condiciones de desventaja que subsisten para la atención de esa población en general, que se incrementan por el hecho de estar privados de la libertad y tener además algún tipo de padecimiento físico o mental, a fin de que se realicen acciones afirmativas que garanticen el respeto a sus derechos.
En ocasión del Día Internacional de las Personas de Edad, el uno de octubre, destacó que derivado del análisis de los resultados de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria se reconoce la urgente necesidad de promover para todas las personas mayores el acceso a una vida digna durante el tiempo de su reclusión.
Lo anterior, precisó, debido a que se han observado significativas deficiencias en la atención de esa población, primordialmente en los rubros sobre estancia digna e integridad personal que se relaciona con la infraestructura adecuada para poder atender las necesidades de clasificación, ubicación y desplazamiento.
Además, programas de atención a la salud especializada acorde a su edad, situación física y psíquica, equipos de apoyo para poder moverse con independencia (andaderas, sillas de ruedas y bastones, entre otros), así como de aquellas condiciones que propician mayor vulnerabilidad y desventaja de este grupo con respecto a otros internos.
Asimismo, se insiste sobre la pertinencia de la excarcelación tomando en cuenta argumentos humanitarios y disminución de riesgo social, así como el cumplimiento de programas de reinserción social efectivos.
El informe también propone armonizar la normatividad existente para el reconocimiento de la protección a toda persona mayor de 60 años, y establecer en los centros penitenciarios un registro que identifique las condiciones y necesidades específicas de atención para este grupo de población.
También promover programas que eviten su discriminación y prever los recursos presupuestales para la adecuación de infraestructura con base en estándares nacionales e internacionales que responda a las necesidades de las personas mayores.
Por otra parte, advierte sobre la importancia de asegurar los derechos de todas las personas mayores, ya que de los más de diez millones de 60 años y más en el país (10.4 por ciento de los habitantes) las proyecciones del Consejo Nacional de Población indican que para 2050 habrá 36.5 millones de habitantes pertenecientes a ese grupo poblacional.
Precisó que con la entrada en vigor de la Convención las autoridades quedarán obligadas a armonizar la legislación nacional con su contenido en todos los niveles de gobierno; expedir las normas secundarias que establezcan los mecanismos para garantizar su satisfacción, y exigir su cumplimiento, restitución y acceso a una reparación del daño efectiva.
Además, deberán implementar políticas públicas integrales que atiendan los principios de dignidad de la persona mayor, independencia, protagonismo y autonomía; participación, integración e inclusión plena en la sociedad, la autorrealización, la igualdad de género y los enfoques de curso de vida para el goce efectivo de sus derechos.
