marzo 29, 2024
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octubre 17, 2017 | 96 vistas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (Notimex)

Raúl Cervantes Andrade presentó su renuncia como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

En el marco de una reunión privada en la sede del Senado dio lectura a un documento dirigido a los legisladores donde hace un recuento de su labor de casi un año al frente de la PGR, “una parte central del debate político y mediático, incluso con posiciones muy encontradas que se han dado en torno a la Fiscalía General de la Nación”, destacó Cervantes.

Indicó que esta Fiscalía autónoma fue pensada para que se dedique con eficacia e imparcialidad a la persecución de delitos y que, a la par, deje de ser la representante legal del Ejecutivo federal.

Cervantes Andrade también hizo un repaso sobre la puesta en marcha del nuevo Sistema  Penal Acusatorio, así como de las reformas y avances en materia de derechos humanos.

En su alocución ante senadores de todos los partidos apuntó: “El Constituyente no se equivocó cuando decidió hace tres años crear una fiscalía autónoma”.

Agregó que sólo así se podrá brindar a nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que muchas veces no avanzan.

“En estos 12 meses no sólo hemos elaborado el nuevo modelo institucional para mejorar nuestra procuración de justicia. También hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables”, dijo Cervantes, quien aludió el caso de varios ex gobernadores y alcaldes que pactaron con la delincuencia.

“Pero estos logros no son suficientes. No podemos ir más rápido, ser más eficientes sino hacemos ya la transición a un nuevo esquema institucional que asegure día a día mejores resultados en el combate a la delincuencia sin dejar atrás la impunidad”, apuntó.

En su renuncia, Cervantes dejó claro que no se trata de personas, sino de construir mejores instituciones y lamentó que algunos legisladores y políticos hayan utilizado su nombre y sus supuestas aspiraciones como una excusa para no avanzar en las reformas que permitan mejores herramientas para la procuración de justicia en el país.

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