Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- El Poder Judicial de Tamaulipas enfrenta una situación muy difícil, porque no tiene recursos para dar cumplimiento a las diversas reformas constitucionales en materia de justicia, aseguró Horacio Ortiz Renán.
El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado estimó que se requieren de al menos 300 millones de pesos para crear infraestructura, equipo y contratación de operadores jurídicos.
La urgencia principal se centra en el tema de la justicia laboral, que a partir del año próximo deberá ser atendida por los poderes judiciales, como lo establece una reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución Federal, que desaparece las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Dijo que el Poder Judicial del Estado estará obligado a crear juzgados en materia laboral.
“El año que entra también entrará en vigor la justicia oral en Materia Familiar, por lo cual es un reto difícil para el Poder Judicial dar respuesta a estas iniciativas federales”, indicó.
Ortiz Renán refirió que los presidentes de los poderes judiciales solicitaron al Congreso de la Unión crear un fondo con recursos federales para apoyar a los gobiernos estatales en la implementación de las reformas en materia de justicia.
“Estuvimos ahí en el Congreso de la Unión como tres ocasiones. Nos atendieron muy bien, pero no pasó de ahí. A lo mejor llegamos tarde a la gestión, pero no obtuvimos una respuesta favorable”, mencionó.
Recordó que para el caso del sistema de justicia penal acusatorio, se dispuso de un fondo federal para apoyar a las entidades, por lo que la exigencia es que haga lo mismo para atender el mandato constitucional en relación con la justicia laboral y familiar.
Mientras que hay una respuesta, tendrán que ser los gobiernos estatales los que destinen recursos para implementar las reformas.
Recordó que el presupuesto que recibe el Poder Judicial de Tamaulipas es del 1.3 por ciento del que corresponde al Gobierno del Estado, el cual desde hace varios años es insuficiente para atender las necesidades de la función jurisdiccional.
“Definitivamente sí necesitamos aumentar el presupuesto, pero hay otras áreas, como la Secretaría de Seguridad Pública, que también requiere más recursos”, mencionó.
