Shalma Castillo
Cd. Victoria, Tam. – La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), leyeron la cartilla a los funcionarios federales y advirtieron de los riesgos que corren en caso de cometer delitos electorales o de violentar el blindaje electoral.
El subdirector nacional de Política Criminal de la Fepade, Enrique Inglemo Michaca, impartió la capacitación en materia de blindaje electoral y delitos electorales a la delegación Tamaulipas.
Remarcó que, durante el período de veda electoral, todos los funcionaros públicos, son sujetos activos que se tienen que alinear a lo que dice la ley.
En este sentido, señaló que tratándose de servidores públicos que cometan cualquier de los tipos previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, se impondrá la inhabilitación para ocupar un cargo en el servicio público de cualquiera de los tres niveles de Gobierno y destitución del cargo.
Explicó las acciones que son consideradas como delito electoral; la coacción o amenaza a subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña para votar, o bien abstenerse de participar por un candidato o partido político.
El condicionamiento de programas o prestación de servicios gubernamentales, también se están incurriendo en delito, “decir no votes o vota por cierto candidato sino te quito el programa, es delito”.
En este tema especificó que deben abstenerse en el condicionamiento del otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, realización de obras públicas en el ámbito de su competencia.
“Y si el condicionante del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza socia, se aumenta hasta un tercio de pena prevista y ello lo determina el Juez penal”.
También quienes detengan, utilicen o permitan la utilización de material ilegal de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, deben ser sancionados por delito de peculado.
“Prestar vehículos oficiales para acarrear gente, se inicia investigación contra el responsable del recurso por delito doloso, o también desde utilizar impresora para propaganda”.
El servidor público que promocione apoyo o preste algún servicio aun precandidato, o partido político en horario laboral o bien obligue a sus subordinados, también cae en un delito electoral.
De igual manera está prohibido solicitar aportaciones a sus subordinados ya sea de dinero o especie para apoyar a precandidato o candidato.
También destacó que es delito de compra y venta de votos, y quien lo haga, será sancionado tanto para el que paga como el que recibe el dinero.
“Si se solicita votos por pago, promesa de dinero u otra contraprestación o mediante violencia o amenaza presione a otro a asistir a eventos proselitistas durante la campaña o el día de la jornada electoral, también es delito”.
Agregó que el acarreo de votantes y el influir en sentido de voto trayecto al lugar de la casilla, ese acto también debe ser sancionado.
Asimismo, como las amenazas y promesas de empleo para votar en favor de cierta persona o partido.
