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Corrupción en contrataciones públicas

 

Cendy Robles

 

Muy interesante y necesario resultó el estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), con el apoyo técnico de OPI Analytics, en donde comprobaron lo que podría ser el alto índice de corrupción que se ejerce por parte del Gobierno federal para realizar las contrataciones públicas. Y aunque todos lo sabíamos a viva voz, otra cosa es verlo palpado en números en un estudio serio.

De acuerdo a lo denunciado por IMCO hace unos días, CompraNET es un sistema incompleto e insuficiente porque no funciona como herramienta de control y vigilancia, ni como plataforma que haga más eficientes las contrataciones públicas.

En nuestro país, CompraNet es el ejemplo de un sistema que nació con las mejores intenciones, pero que se ha quedado incapacitado para el cumplimiento de las exigencias que las contrataciones públicas electrónicas requieren.

IMCO, a través de un boletín de prensa señala que el Índice de riesgos de corrupción evalúa el riesgo de corrupción, a través de las distintas prácticas de competencia, transparencia e Integridad, de las Unidades Compradoras (UC) de las dependencias y/o entidades del Gobierno federal. Por lo que éste reporte que han presentado analiza 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales realizados, de 2012 a 2017, por mil 537 Unidades Compradoras, lo cual representa 2.3 billones de pesos que equivale aproximadamente al diez por ciento del gasto público de esos años.

El funcionamiento adecuado del sistema de contrataciones públicas de un país como México, es uno de los elementos fundamentales en su desarrollo, ya que a través de este se ejercen presupuestos para la construcción de infraestructura y la operación de servicios a los ciudadanos, por ello su manejo incorrecto puede propiciar riesgos de corrupción y ejecución ineficiente de las contrataciones.

Este estudio permitió observar que las diez dependencias o entidades más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Coordinación Nacional de Prospera, Liconsa, S.A. de C. V., la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CNDPI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Estas 10 dependencias o entidades que le menciono concentran 286 Unidades Compradoras de las 500 más riesgosas. En donde las primeras cinco: CFE, ISSSTE, IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y SCT, representan más de la mitad de todo el gasto correspondiente a las contrataciones públicas en el periodo analizado del 2012 al 2017. Sólo las primeras tres, suman casi un billón de pesos de recursos públicos gastados.

La investigación también permitió el hallazgo de datos generales sobre las contrataciones públicas en nuestro país. Uno de los más preocupantes es el abuso de las excepciones previstas en la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, en específico la adjudicación directa, ya que el 71 por ciento de los contratos obtenidos por las mil empresas más ganadoras fueron otorgadas por esta vía entre el 2012 y el 2017.

Además, se observó que el gasto está altamente concentrado en pocos proveedores: de las 129 mil 411 empresas distintas que han ganado un procedimiento de contratación, las primeras 30 (0.02 por ciento) representan el 20.8 por ciento del total de montos asignados. Los primeros 2 mil 512 (1.9 por ciento), ostentan el 80 por ciento del monto total asignado, en donde figuran diez empresas de tres rubros: farmacéuticas, constructoras y comercializadoras.

Este interesante y alarmante estudio pone en evidencia la crisis que vive nuestro país en materia de contratación pública. Mucho ha sido criticado el tema, y también ya en varias ocasiones hemos abordado el problema en esta colaboración, sin embargo verlo en número, a través de un estudio serio realizado por el IMCO, esclarece tajantemente que el riesgo de corrupción es muy preocupante, y lo peor, es que no se ve que haya una tendencia que pueda sugerir un cambio en las prácticas del Gobierno federal que se han presumido por ellos mismos, y ahora expuesto claramente por el IMCO. Esto indica que la falta de competencia y la falta de transparencia son la norma, además de existir una preocupante y pobre rendición de cuentas.

Ante ello, el centro de investigación ha lanzado tres propuestas principalmente ante este problema: Crear una nueva Ley de Obra y de Adquisiciones, que limite la adjudicación directa de manera adecuada; rediseñar CompraNet de manera integral para garantizar que verdaderamente sea una plataforma transaccional y vigile todo el proceso: planeación, licitación, ejecución; y reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia.

Así que, si éste es el panorama de lo hecho por el Gobierno federal, ahora imagínese el cochinero que debe haber en los gobiernos estatales. En el caso particular de Tamaulipas, sería muy interesante realizar una investigación al respecto. Para la reflexión.

Su opinión, denuncias y comentarios a [email protected] y en twitter: @cendyrobles.

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