La fiscalización en la Colonia del Nuevo Santander, hoy Tamaulipas

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Benito Antonio Navarro González.-

En la segunda mitad del siglo XVIII las Reformas Borbónicas se aplicaban en toda Nueva España con la misión de asumir el control sobre la administración del virreinato y centralizar el cobro de las rentas que se encontraban en manos de particulares. La dinastía borbónica también se encargó de establecer monopolios para optimizar el funcionamiento administrativo de la Real Hacienda del Antiguo Régimen. En este proyecto, el sistema de intendencias en Nueva España (1786), era esencial para la ejecución de las reformas, pues confería a las instituciones una autoridad legítima en lo hacendario, militar y en justicia.

La centralización del aparato administrativo y burocrático en las provincias norteñas, no escapó de los planes de uno de los principales impulsores del proyecto borbónico: José de Gálvez. Las medidas de este real funcionario tenían por objetivo, además de un control administrativo, otro de índole militar, al formarse los cuerpos de defensa en Nuevo Santander. En el plano fiscal, las consecuencias del proyecto para la colonia fue un caso especial, pues era una jurisdicción que desde sus orígenes fundacionales y durante todo el gobierno de José de Escandón, mantuvo privilegios fiscales que funcionaron como una promoción fiscal para alentar la colonización de la región. Pero las franquicias ofrecidas a los nuevos residentes traerían serios problemas al momento de querer suprimirlas. Incluso, una de las dificultades que enfrentó el proyecto fiscal Borbón fue el establecimiento del cobro alcabalatorio, pues entorpecía el tráfico comercial, una de las actividades económicas más importantes en la región. El discurso general de los santanderinos, sobre todo de los comerciantes, era que el impuesto alcabalatorio impedía la consolidación de un mercado interno para que el Nuevo Santander, luego Tamaulipas, alcanzara el desarrollo económico que tanto ansiaban de tiempo atrás.

Hay que añadir que unos años después de la destitución del mando de gobierno a José de Escandón, el Nuevo Santander formó parte de la Intendencia de San Luis Potosí. El Intendente era el encargado de administrar una jurisdicción de 27, 821 leguas cuadradas de superficie, con 230 leguas de costa que abrazaba territorios de Nuevo Reino de León, San Luis Potosí, Nuevo Santander y provincias de Coahuila y Texas. La Intendencia fue descrita por el ilustre Humboldt como la que “abraza [aba] más terreno que toda la España europea…pero en su mayor parte un desierto salvaje, todavía más despoblado que los gobiernos de la Rusia asiática”. Aunque la administración fiscal quedó sometida a las cajas potosinas, existía un escaso control fiscal para el enorme territorio que comprendía el Nuevo Santander y después la Intendencia.

Cultura anti-fiscal en la colonia

El proyecto borbónico salpicó a los novosantanderinos, a quienes se les había prometido privilegios fiscales por 20 años, contados a partir de la fundación de la Villa en la que construirían sus casas. La promesa no se respetó y la Corona asignó los monopolios, impuestos y cuotas cobradas en otras provincias, como las alcábalas y los diezmos, entre otros. Estableció también los estancos del tabaco, la sal y los naipes, cuya administración se centralizó. Se trataba de una sujeción tributaria de la colonia a los planes reformistas, originados por las urgencias financieras que tenía la Real Hacienda, es decir, el núcleo de la máquina administrativa fiscal del imperio español.

Uno de los mayores impactos para la cultura anti-fiscal a la que se habían acostumbrado los novosantanderinos, fue el establecimiento del cobro de las alcábalas. La gabela causó controversia, pues el efecto directo que surtió sobre las transacciones comerciales ganaderas y agrícolas, no fue bien visto por los pobladores. Antes del cobro de esta renta, el comercio de trueque era de las prácticas más arraigadas entre los vecinos de la colonia y otras villas colindantes. El intercambio de “permuta”, como también se le llamaba, era el modus vivendi y el principal sustento económico de los colonos. Así podemos entender la molestia causada por la imposición de la alcabala en el marco de un imaginario anti-fiscal. No es extraño pensar que los residentes se sintieron afectados por el peso que traería dicho cobro, al impedirles la subsistencia básica y restarles parte del peculio que percibían por el intercambio de mercaderías. Pero ¿qué eran las alcabalas?

Del vocablo árabe, originada en Castilla y establecida como una de las figuras más importantes para las rentas del real tesoro de Felipe II en el siglo XVI, la alcabala era el impuesto que recaía sobre los intercambios de bienes muebles, inmuebles y semi-movientes. Era un impuesto que gravaba a las ventas y re-ventas de mercancías en territorios con suelos alcabalatorios. La alcabala también se cobraba por el tránsito de la mercancía, cuya cuota era pagada en garitas terrestres y marítimas, previo avalúo del cargamento. Existían “alcabalas de tierra” que recaían sobre productos que circulaban desde otros “suelos alcabalatorios”, ya fueren internos (de la misma colonia), o de provincias o intendencias distintas. También se cobraba la “alcabala de castilla”, cuyo cobro recaía sobre las mercancías importadas de la Península Ibérica y que ameritaban un cobro distinto a las producidas en Nueva España.

El establecimiento de las alcabalas también provocó desconciertos porque en otras provincias vecinas al Nuevo Santander no se cobraba el impuesto. Las villas santanderinas que se convirtieron en suelos alcabalatorios fueron: Laredo, San Fernando, Reynosa, la Hacienda de Dolores y Burgos. Así, se fiscalizó una franja estratégica para los comerciantes que trasladaban sus productos hacia el norte de la colonia, rumbo a la Franja del Nueces y provincia de Texas. Las garitas eran una especie de dique fiscal para sacar provecho al ímpetu comercial en aquella zona. En otros poblados de la colonia se impuso la alícuota hasta algunos años después, pero no se establecieron garitas, sino que se exigió a los pueblos una renta anual, cuya responsabilidad recaudatoria recaía sobre el arrendatario local.

Además de gravar las ventas y el tránsito de mercancías, la alcabala absorbía ingresos derivados de las manifestaciones patrimoniales como propiedades de tierra, cabezas de ganado y sembradíos. Las cuotas se exigían a los jefes de familias que no declaraban ser comerciantes, sino ganaderos, agricultores u artesanos, pero estos trabajos los involucraban en el comercio. Luego entonces, el pago solicitado era una garantía del oficio que decían no ejercer, pues se sabía que sacaban algún provecho mediante el comercio de ganado, cosechas o artículos que manufacturaban en sus casas. La alcabala pues, fue un impuesto incluyente, pues su cobro absorbió la mayor parte de las cosas.

“Viernes de Dolores en el Calvario”. Alusión al soldado español atravesando el corazón de la riqueza pública mexicana con la lanza de los impuestos. Fuente: Hemeroteca Nacional Digital de México.

 

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