abril 23, 2024
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agosto 13, 2018 | 122 vistas

Julio L. Guzmán.-

MATAMOROS, Tam.- En el último tramo de la administración federal, las autoridades han acelerado el acoso fiscal hacia los empresarios y comerciantes de la frontera, afirmó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Matamoros.

De acuerdo con Cristal Galván, contadora pública de este organismo comercial, a pesar de ser un procedimiento ilegal se presenta y con un severo aumento.

“En esta recta final se ha triplicado el congelamiento de cuentas de los empresarios, que son los más perjudicados por el congelamiento de cuentas bancarias, principalmente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Seguro Social y el Infonavit”, dijo.

Señaló que se trata de un procedimiento que no permite a los afectados hacer movimientos financieros, pero sí que sigan recibiéndose depósitos en sus cuentas.

Es decir, dentro del aseguramiento de cuentas se bloquea la facultad de retiros o movimientos por parte del usuario, pero se sigue permitiendo el ingreso de depósitos, lo cual, dijo, “constituye un abuso mañosamente aplicado por parte de las instituciones bancarias”.

“Es importante precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional la facultad de la SHCP, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, respecto al bloqueo de cuentas bancarias. Sin embargo, organismos públicos como el IMSS, Infonavit e inclusive los mismos bancos, a través de la Comisión Nacional Bancaria, continúan realizando congelamientos o embargos precautorios de cuentas sin mediar orden judicial como lo establece la ley”, añadió.

Subrayó que a la fecha existen ordenamientos legales o reglamentos que no han sido modificados y permiten realizar este tipo de operaciones, sin embargo, juzgados federales vía juicios de amparo y la SCJN han expresado y se han pronunciado ya sobre su ilegalidad.

“Esta situación está causando un severo perjuicio a empresarios, ya que los casos de cuentas congeladas en Tamaulipas son cada vez más frecuentes, e independientemente de la molestia que genera el tener que promover un amparo, los tiempos del proceso pueden ser de tres a seis meses, lapso en el cual el empresario no puede disponer de su dinero ni utilizar la cuenta congelada, generándoles perjuicios en su actividad diaria”, finalizó.

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