Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- Diputados locales aprobaron reformas al Código Penal de Tamaulipas, con las que el delito de violencia familiar será perseguible de oficio.
Aunque todavía será necesario el aval del pleno Legislativo en una sesión ordinaria, la Diputación Permanente dictaminó positivamente la iniciativa de decreto presentada por la legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de la Luz de Castillo Torres.
Los artículos reformados son el 368 Bis y 368 Ter.
De esa manera, en Tamaulipas las autoridades no requerirán de querella o denuncia de las víctimas de violencia familiar para detener a un agresor e iniciar una carpeta de investigación.
“Cabe señalar que una de las premisas fundamentales de esta acción legislativa es que la violencia familiar sea perseguida de oficio, y para ello se propone el establecimiento en el Código Penal de diversos supuestos que consideramos son susceptibles de presentarse con mayor frecuencia en contra de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad por su situación actual”, refiere el dictamen.
Los supuestos en que la actuación de la autoridad será oficiosa serán: Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho; cuando la víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o permanente; cuando se trate de una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores al parto, y cuando el delito se cometa con la participación de dos o más personas.
También cuando el delito se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; cuando se tengan documentados antecedentes o denuncias de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, y cuando exista imposibilidad material de la víctima de denunciar.
Otro propósito de la reforma es homologar la definición del tipo penal de violencia familiar con el establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con las adecuaciones al ordenamiento normativo se busca evitar la impunidad que tienen aquellos que ejercen violencia familiar, porque muchos casos no son denunciados porque la víctima no acude a denunciar.
El pasado jueves, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reveló que el 50 por ciento de las llamadas de auxilio al 911 son por violencia familiar.
Por su parte, agentes del Ministerio Público y Jueces aseguran que “son mínimos” los casos de agresores que terminan con una sentencia condenatoria, porque sus víctimas acaban perdonándolos o simplemente no acuden a los requerimientos de la autoridad.
