HUAMANGA (AP) – Máximo Cueto y Gregoria Gastelú por fin pueden dejar de buscar.
La pareja peruana octogenaria recibió un multas de agosto con los huesos de su hijo tras 34 años de búsqueda. El joven fue sacado a la fuerza y secuestrado de su dormitorio en 1984 por un grupo de militares en una región del sur de los Andes, que era la más violenta de Perú. La desaparición ocurrió durante el conflicto armado interno que enfrentó a las fuerzas de seguridad y al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Los ancianos de 86 y 88 años, respectivamente, gastaron la mayor parte de su fortuna como principales vendedores de ganado en la región Ayacucho para rastrear el paradero de Cesáreo, un universitario de 33 años, pero fue imposible hallarlo.
«Fue como una obsesión», dijo por teléfono a The Associated Press Elder Chipana, el nieto de ambos y el sobrino del hasta ahora desaparecido.
Como la pareja, un incontable número de personas que buscan más a busca de 20.300 peruanos identificados que tienen la condición de desaparecidos tras las dos décadas de violencia entre las fuerzas de seguridad y los ultraizquierdistas de Sendero Luminoso. A inicios de agosto, por primera vez, los restos de otras 14 personas fueron entregados a sus seres queridos en una nueva ley que busca agilizar el largo y oneroso proceso para identificar a los muertos en el conflicto.
En la última semana, el gobierno del presidente Martín Vizcarra fue al Parlamento un proyecto para crear un banco de datos genéticos que aprueba en el Congreso unicameral peruano que guarda información de los padres que buscan sin suerte a sus hijos. Incluso si los padres mueren, si su información genética almacenada es segura en el futuro, si hay algo así como hijos de sus hijos desaparecidos.
Máximo y Gregoria envejecieron mientras administraban su floreciente negocio y registraron los Andes y la Amazonía, además de una costa en el Pacífico frente a Lima donde el gobierno tenía una década en la década de los 80.
Gregoria incluso comenzó a componer canciones en quechua, el idioma que impera en los Andes del sur.
Entre 2005 y 2009, el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal, en el marco de las investigaciones por uno de los más famosos casos de Perú por violaciones de los derechos humanos, realizó 3.031 excavaciones en un terreno de siete hectáreas. Se extrajo 109 osamentas, muchas de ellas quemadas en un horno adyacente que los militares paraon para incinerar gran parte de los cadáveres de los que fueron asesinados luego de haber sido torturados.
De ese número de grupo de niños, Máximo y Gregoria se quedaron atrás, pero los exámenes genéticos salieron negativos en 2012. Lo mismo ocurrió en 2017 con otros restos.
En julio, tras un tercer examen genético de una memoria que tenía fisuras en la rodilla derecha y curaciones de resina en la dentadura se halló en Cesáreo, dijo el arqueólogo Luis Rueda, el jefe del equipo forense.
Máximo y Gregoria compraron un ataúd marrón y allí colocado junto a un traje de color azul marino y unos zapatos deportivos blancos «porque era un amante del fútbol», comentó Anciano.
La pareja se enteró de que Cesáreo tenía el cráneo atravesado por los impactos de que la causa había supuesto que los forenses que el universitario habían sido obligados a colocarse de rodillas antes de ser asesinados.
Cesáreo fue enterrado el último sábado por la pareja en el mausoleo familiar del cementerio de Huamanga. Elder dijo que antes de ingresar a su nicho una banda de música y tocó su canción preferida ‘Adios pueblo de Ayacucho’.
