A la mala

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Adriana Heredia.-

¿Quién no conoce a alguien que hayan extorsionado?, sin duda el delito de extorsión se ha incrementado en los últimos años en todo el país y no es propio de Tamaulipas, aunque nos ocupa y nos preocupa nuestro territorio, existen personas sin escrúpulos que buscan quitarles el fruto de su trabajo, el esfuerzo de décadas y en ocasiones el patrimonio de generaciones enteras, la herencia que desde los antepasados fueron heredando y que de la noche a la mañana hay que entregarla a desconocidos a cambio de la integridad y de la vida misma.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad (ENVIPE 2015) el delito de extorsión es el más frecuente, además el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer que del 2016 al 2017 se incrementó en casi un treinta por ciento el número de personas extorsionadas, aún así las estadísticas siguen siendo frías porque se sabe que de los delitos de extorsión sólo se denuncia el tres por ciento, y eso es realmente aterrador.

Las organizaciones criminales cada vez amplían más su modo de operación para hacerse de recursos de manera fácil y rápida,  pues el trasiego de droga representa para ellos un trabajo que requiere mucho esfuerzo mientras que la extorsión es más simplificada para quienes sin prejuicios ni moral se apoderan de lo que no es suyo,  intimidando además a la víctima, por ello es urgente actualizar el marco normativo y reclasificar las conductas delictivas en donde se busque no sólo castigar si no regresarles a sus verdaderos dueños las propiedades, ranchos, residencias, autos y dinero que les han arrebatado.

Esta semana bajo la anterior justificación el senador Ismael García Cabeza de Vaca presentó una iniciativa precisamente sobre la extinción de dominio por extorsión con lo cual la delincuencia perdería los derechos de los bienes muebles e inmuebles que hayan obtenido mediante este delito, con esto se golpearía fuertemente la economía de las bandas delincuenciales que operan no sólo en Tamaulipas si no en otras entidades federativas, cuyos financiamientos vienen de la apropiación de las pertenencias de quienes con años de esfuerzo han obtenido, lo que conocemos como el fruto de su trabajo, pero que mediante amenazas logran incluso hacer la transacción “legal” ante una autoridad para cederle a la delincuencia organizada su patrimonio.

La Iniciativa de Reforma Constitucional que se presentó ante el pleno del órgano legislativo alcanzaría a los prestanombres que también son considerados delincuentes para que entreguen esas propiedades y con ello se debilite la base financiera de los grupos delincuenciales.

 

EL HAZ

De llevarse a cabo la reforma constitucional muchas personas que perdieron sus bienes con motivo de una extorsión podrían recuperarlas aún cuando estuvieran a nombre de terceros,  siempre y cuando se compruebe el vínculo delincuencial con quienes estén siendo procesados por dichos delitos porque con la extinción de dominio las organizaciones criminales perderían el dominio de los bienes producto de la extorsión y las personas que fueron afectadas en su patrimonio tendrán derecho a reclamarlos mediante las instancias correspondientes.

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