Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- El 27.3 por ciento de los reos de los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas, son víctimas de corrupción.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enppl) 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el principal acto de corrupción en las cárceles se da con el pago por tener aparatos eléctricos.
Otro motivo de cobro a los internos es el cambio de celda. De quienes dijeron haber sufrido corrupción el 26.5 por ciento pagaron por ese derecho.
El 18.7 por ciento afirmaron haber pagado por recibir visita conyugal, 8.2 por ciento por tener acceso a un teléfono, el 15.8 por ciento por tener una cama, colchonetas o una cobija.
Lo más grave de la situación es que en la mayoría de los casos los cobros los hacen los mismos internos.
“En el Estado de Tamaulipas se estima que el 36.4 por ciento de pagos ilegales para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso al interior del Centro Penitenciario durante 2016 fueron entregados a los internos”, detalló el Inegi.
En el 26.7 por ciento los pagos se hicieron a los custodios y en el 22.7 por ciento al personal administrativo.
El 85.5 por ciento de los reos víctimas de corrupción prefirió no denunciar. Entre las principales razones para no hacerlo figuran: el temor a represalias; la corrupción es una práctica común; consideran que denunciar es una pérdida de tiempo o que sería inútil hacerlo.
Dentro de ese mismo contexto, el 44 por ciento de la población carcelaria del Estado dijo sentirse insegura.
El 18.8 por ciento aseguró haber sido víctima de una conducta ilegal, principalmente robo de objetos personales.
Otras conductas ilícitas en las cárceles son las lesiones, extorsión, amenazas y agresiones sexuales.
Por otra parte, el 18.1 por ciento de la población carcelaria del Estado tiene antecedentes penales, lo cual significa que es reincidente.
El 54.9 por ciento de esos reincidentes cometieron el delito de robo; el 16.2 por ciento, lesiones; el 10.9 por ciento posesión de drogas y el resto incurrió en portación ilegal de armas y homicidio.
