marzo 29, 2024
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octubre 16, 2018 | 111 vistas

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) mantendrá abierta la línea de investigación para terminar de esclarecer el crimen de la activista del Colectivo San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, en la que no se descarta la participación de responsables intelectuales.

Lo anterior, luego de que el procurador Irving Barrios Mujica confirmara la detención de Erick Leonel Villatoro Hernández, alias “El Diablo”, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de la activista, el último que se encontraba prófugo, de los cuatro implicados en el homicidio realizado el diez de mayo del 2017 en San Fernando.

Los cuatro implicados en el crimen son Erick Leonel Villatoro Hernández, alias “El Diablo”, Alfredo Misael Quintanilla Vélez ya condenado a 15 años de prisión por el homicidio, en tanto Edwin Alain Esparza Martínez se encuentra detenido en Nuevo León y Juan Manuel Alvarado López, alias “El Aluche” falleció en un enfrentamiento, cuando iba a ejecutarse la orden de aprehensión en su contra.

El último implicado detenido en el estado de Jalisco con la Fiscalía General de ese estado y la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga será puesto a disposición de las autoridades competentes, por lo que en breve un juez de control resolverá su vinculación a proceso y las medidas cautelares a que haya lugar el viernes 19 de octubre.

Sin embargo, el Procurador de Justicia negó que con ello se dé por cerrado el tema del crimen de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.

“De las investigaciones, lo que se consiguió fue la participación de cuatro probables responsables en su calidad de materiales; no obstante, pudiera haber otro tipo de autores, como intelectuales o motivacionales, por lo tanto las investigaciones continúan”.

Dedujo que el crimen de la activista del Colectivo San Fernando pudo haber sido derivado de su actividad como defensora de derechos humanos, sobre todo en el inicio de la investigación de la privación de la libertad y homicidio de su hija.

Reveló que hasta ahora ninguno de los familiares de la activista ha recibido amenazas de ningún tipo, aunque la Procuraduría mantiene los protocolos de seguridad y mecanismos de protección para cada uno de ellos.

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