abril 26, 2024
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noviembre 1, 2018 | 155 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución local, para crear un Fondo Estatal de Fortalecimiento para la Seguridad Pública, y para abrir la puerta de regreso de la policía preventiva municipal.

De acuerdo con la acción legislativa que fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen, la aplicación del Fondo estará a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La ley determinará las reglas de operación y requisitos para acceder a los recursos, y establecerá que los fondos deberán ser destinados exclusivamente para los fines de la seguridad pública del estado.

La acción legislativa busca, además, el resurgimiento de la policía preventiva municipal.

Los mandos y agentes de la policía preventiva municipal estarán sujetos a las disposiciones de ley en materia de evaluación y control de confianza.

“La ley establecerá los procedimientos para la evaluación, subrogación y, en su caso, la intervención en las instancias y servicios municipales de seguridad pública”, detalla la propuesta.

El artículo 136 constitucional fue modificado para que establezca que “la policía preventiva estará al mando del presidente municipal, en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que este juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

Y se le añadió el siguiente párrafo: “La ley establecerá los procedimientos para la evaluación, subrogación y, en su caso, la intervención en las instancias y servicios municipales de seguridad pública”.

Además, los legisladores plantean la creación de un Consejo de Participación Ciudadana, como una instancia independiente y externa de rendición de cuentas y evaluación de la política de seguridad en el Estado, el cual se integrará por cinco consejeros electos por la mayoría de dos terceras partes del Congreso, a propuesta del Gobernador y tendrá la atribución de emitir recomendaciones e informes no vinculantes.

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