Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó un quebranto por 778 millones de pesos en 53 administraciones municipales que ejercieron gobiernos en los periodos 2013-2016 y 2016-2018.
El titular de la ASE, Jorge Espino Ascanio, explicó que fueron emitidos pliegos de responsabilidades contra esos gobiernos municipales, por lo que el Departamento Jurídico comenzó a citar a los involucrados.
No pudo citar cuáles municipios son los implicados.
“No traigo ese dato a la mano, pero sí les puedo decir que son 53 administraciones municipales las que resultaron con pliegos de responsabilidades. Ustedes se preguntarán por qué 53, si son solo 43 ayuntamientos, pero sucede que 35 administraciones municipales son del periodo 2013-2016, y 18 del periodo 2016-2018”, detalló.
Dijo que quienes aparecen como responsables todavía tendrán oportunidad de aclarar las irregularidades o inconsistencias detectadas en el gasto público, pero de no hacerlo la ASE procederá a fincarles sanciones administrativas o a darle vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Recordó que quienes fungieron como alcaldes, síndicos y tesoreros, además de otros funcionarios que tenían bajo su responsabilidad el manejo del presupuesto, son quienes aparecen como los principales responsables de las irregularidades.
Espino Ascanio dijo que de ello se informó en su oportunidad al Congreso del Estado, para que inicie el procedimiento legislativo correspondiente con relación a las cuentas públicas.
“Aquellos ayuntamientos a quienes se les emitieron pliegos de responsabilidades consecuentemente su cuenta pública va en sentido negativo”, indicó.
Refirió que otras 70 administraciones municipales recibieron pliego de observaciones con promoción de responsabilidades por 775 millones de pesos.
Esto significa, dijo, que se trata de recursos que si bien se comprobó que fueron ejercidos, no se hizo de la forma en que lo establece la ley.
“Pongo un ejemplo: una administración municipal reporta haber comprado diez computadoras y verificamos que el gasto se hizo y los equipos están físicamente, pero el problema es que la empresa a quien le hicieron la adquisición no estaba dada de alta como proveedor y eso significa una violación a la normatividad, que amerita responsabilidades que pueden ir desde una suspensión hasta una inhabilitación para ejercer un cargo público”, señaló.
Por otra parte, indicó que la ASE está trabajando con la revisión de las cuentas públicas del 2017.
