El consejo de la memoria histórica y cultural de México, ¿y Tamaulipas dónde queda?

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Octavio Herrera Pérez.-

El día de ayer, en la víspera de la celebración de la Revolución Mexicana, tuvo lugar en el recinto del Archivo General de la Nación un evento realmente extraordinario en términos del interés directo que el futuro Poder Ejecutivo brindará a la memoria histórica y cultural del país, al establecer un consejo que atenderá precisamente esas tareas en el sexenio que está por comenzar. Y si bien la iniciativa es parte de la cartera de proyectos institucionales que habrán de llevarse a cabo, que en sí forma parte del abanico de propuestas que marcan un completo parteaguas con los pasados gobiernos (incluido el que fenece); en este caso está sustentado en la nueva Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del presente año. La diferencia estriba en que no se tratará de hacer de esta ley una letra muerta, sino darle todo el valor e impulsar y coordinar activamente las iniciativas institucionales empezando desde el nivel federal, para de allí permear a los niveles estatales y hasta municipales, con el importante añadido de la colaboración de la sociedad civil, que en muchos casos durante largo tiempo se ha encargado de proteger el patrimonio documental de nuestra nación, que se encuentra disperso, poco atendido y hasta olvidado.

 

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

La base conceptual de esta iniciativa se centra en la protección y conservación de los registros escritos, de todas las épocas, depositados en los más diversos acervos documentales que existen en la capital y el conjunto del país, a fin de que estén debida y técnicamente bien clasificados y disponibles a la consulta pública, lo que se potenciará con la fase siguiente de la iniciativa, de crear una gran base digital de todos ellos, a fin de subirlos a la Internet, lo que es en sí un proyecto inédito a escala mundial. Naturalmente que tal tarea implicará un enorme esfuerzo de enlazar las fortalezas federales en la materia archivística con el resto de las instancias distribuidas en toda la nación, en todos los niveles de gobierno, articulando las acciones y los métodos de trabajo y eficiencia en estas tareas, capacitando al personal que deba atender profesionalmente los archivos públicos, ya que éstos han sido considerados tradicionalmente como sitios muertos, de nulo interés institucional, cuando es allí donde se resguarda la memoria colectiva de nuestra sociedad, y donde tiene sentido la trillada frase de los políticos de “fortalecer nuestras raíces e identidad nacional”, y así como también los documentos legales que dan soporte al mentado “Estado de Derecho” al que apelan insistentemente para justificar su actuación.

 

IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA PÚBLICA

Pero son justamente los documentos públicos vigentes, el objeto de la opacidad deliberada de muchos gobiernos, ya que de su conocimiento abierto resultaría el escrutinio social de su actuación política. De ahí, por ejemplo, la resistencia a la apertura de los documentos relacionados con la “guerra sucia” que se produjo en México luego del 68, cuando los aparatos de seguridad del Estado actuaron con plena discrecionalidad para abatir a los movimientos opositores y subversivos, pero en su camino violentaron los derechos de muchas personas inocentes, en tanto que a los implicados se les desapareció y asesinó sin mediar proceso judicial alguno. Otro caso, más clásico, es el de los manejos administrativos de los hombres de poder en turno para su enriquecimiento propio con los recursos públicos, utilizando todo tipo de artimañas legales, como adjudicaciones de contratos de obra pública a modo con empresas que representan sus intereses, manejo de información privilegiada para adquisición de propiedades, o el ocultamiento o desinterés de informar con veracidad sobre la realidad imperante en el ámbito jurisdiccional de su competencia, como ha ocurrido en el tema de la seguridad pública. Esta problemática es común a todo el país, por una acendrada tendencia a la opacidad que ha sido recurrente en nuestras autoridades. No obstante, a golpe de votos mayoritarios y del empuje de la sociedad mexicana en múltiples frentes, hoy en día el escenario comienza realmente a cambiar y esta iniciativa, no solo responde a la memoria histórica y cultural, sino tratará de hacer de la información pública un instrumento y garantía para el fortalecimiento de las libertades y la democracia, por lo que viene a ser en estos momentos una bocanada de aire fresco.

 

TRASCENDENCIA DE LA MEMORIA HISTÓRICA MEXICANA

Como bien se expresó en la instalación del Consejo de la Memoria Histórica y Cultural de México, la fortaleza de nuestro país radica en gran medida en la construcción social e histórica de las generaciones que nos han precedido. De ahí el objetivo fundamental de rememorar lo que hemos sido, para que realmente se convierta en una política pública que refuerce y enfatice los valores de la mexicanidad. Esa raíz cultural nos ha salvado de la ola depredadora del neoliberalismo, que quiso hasta homogenizar nuestra memoria, con el patrón de una “cultura global”.

 

¿Y CUÁL ES LA SITUACIÓN DE ESTA CUESTIÓN EN TAMAULIPAS?

De entrada, podríamos afirmar que muy lamentable. No disponemos de un marco legal a nivel estatal que norme la coordinación de los acervos públicos documentales que existen en nuestro territorio, porque ni siquiera a nivel del propio Gobierno del Estado hay una pauta en materia de archivos. Es decir, Tamaulipas carece de una Ley Estatal de Archivos, y en este sentido somos la única entidad de la República Mexicana con ese rezago; ¡Qué gran medalla! Naturalmente que éste es un problema añejo, que se ha venido arrastrando desde atrás, aunque sí vale reconocer que actualmente no se le ha puesto la atención debida y ahora las nuevas circunstancias dejan el atraso de Tamaulipas en evidencia ante los ojos de la nación. Eso sí, el sexenio antepasado se dio el lujo de inaugurar un flamante edificio como Archivo General e “Histórico” del Estado, pero más como parte de un negocio inmobiliario del poder en turno que de un legítimo interés en conservar y fortalecer la memoria documental de la entidad; al grado que no se dotó al inmueble de equipo adecuado de cómputo, de digitalización o al menos de lector de microfilmes (que el único que tiene, muy deteriorado, es del Paleolítico). Por otra parte, el edifico fue diseñado, en lo general, sin atender las necesidades propias de un archivo, y hoy en día sufre de goteras, al tiempo que el patio de su posible expansión es estacionamiento de tierra y un patético yonque de autos inservibles de la administración estatal. Y ni qué decir de su estructura de operación, que además de padecer atonía de proyectos, su jerarquía es a nivel de jefatura de departamento, de la Secretaría de Administración, cuando su direccionamiento institucional debería ser la Secretaría General de Gobierno, como es en toda entidad que se precie de tener su Ley Orgánica acorde a esta materia.

El problema es que el Gobierno del Estado de Tamaulipas tiene dentro de su Ley Orgánica una dispersión caótica en relación a los archivos bajo su competencia y responsabilidad. Así, el archivo del Instituto Catastral y Registral de Tamaulipas (que tiene muchísimo acervo histórico) y el Archivo General de Notarías (también con abundante material histórico), dependen de la Secretaría General de Gobierno; el AGHT, como ya se dijo, depende de la Secretaría de Administración; y el ITCA controla en teoría un archivo histórico inexistente, y tiene competencia tangencial a incidir en los archivos municipales, además de administrar la Biblioteca Pública del Estado “Marte R. Gómez”, donde hay un par de valiosos acervos documentales, iconográficos y cartográficos. Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia y el Congreso del Estado son poseedores de valiosos acervos documentales, como también en muchos de los municipios de la entidad hay acervos históricos de gran valor. En suma, nadie coordina y articula la memoria colectiva de los tamaulipecos. ¿Hasta cuándo perdurará este escenario?

 

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