marzo 29, 2024
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noviembre 22, 2018 | 112 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución local para perfeccionar la facultad de veto que tiene el jefe del Ejecutivo y para darle el derecho a presentar iniciativas preferentes.

Sin debate de por medio, la asamblea parlamentaria avaló los dictámenes que recayeron en dos iniciativas presentadas por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

En el caso de la reforma al artículo 68 de la Constitución, el propósito de fondo fue homologar la Carta Magna del Estado con la federal, para tapar vacíos jurídicos en la facultad de veto de que goza el Gobernador.

“Con las reformas y adiciones, la Constitución local se encontrará acorde con las disposiciones de la Carta Magna federal, dotando de ilación y correspondencia a las disposiciones relativas a la parte final del procedimiento legislativo”, señaló el diputado panista Víctor Meraz al justificar la acción legislativa.

Dijo que con la reforma se cubrirán vacíos existentes en el ordenamiento Constitucional en cuanto al ejercicio del veto.

De esa manera, se establecieron en la Constitución local aquellos supuestos en los que el jefe del Ejecutivo puede hacer uso del recurso de veto y la forma en que el Poder Legislativo resolverá las observaciones que haga a las iniciativas respectivas.

Los legisladores explicaron que el 17 de agosto del 2011 fue publicada en el Diario Oficial una reforma al artículo 72 de la Constitución federal, misma que otorgó certeza a las últimas etapas del proceso parlamentario inherente a la expedición de leyes y decretos, para poner fin al llamado veto de bolsillo.

El veto de bolsillo se llamó a la acción deliberada del jefe del Ejecutivo de no promulgar y publicar una ley o decreto del Congreso para evitar su entrada en vigor.

“En el caso del texto constitucional local, si bien es cierto que se alineó el texto del procedimiento del derecho de veto con la Constitución Federal, en cuanto al tema específico antes descrito, también lo es que en su contexto general subsistían vacíos normativos en el contenido del artículo 68 de la ley fundamental de Tamaulipas”, añadieron.

 

INICIATIVA PREFERENTE

La otra reforma a la Constitución local da al Gobernador el derecho a presentar iniciativas preferentes.

La acción legislativa impulsada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) recibió el respaldo unánime de todas las bancadas parlamentarias.

La acción legislativa adicionó un tercer y cuarto párrafo al artículo 64.

El tercer párrafo establece que: “Durante los primeros quince días del periodo ordinario de sesiones el Gobernador Constitucional del Estado podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno del Congreso en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno”.

En tanto, el cuarto párrafo precisa: “No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución”.

En la exposición de motivos se argumentó que la reforma implementa un mecanismo dentro del procedimiento legislativo ordinario, el cual representa un sistema de cooperación entre poderes, en donde el ejecutivo define con claridad cuáles son los intereses prioritarios del desarrollo del Estado para su atención por el legislativo, y éste los aborda para su definición con la importancia que entrañan los mismos. “Ello no demerita la división de poderes, ni constituye un predominio del ejecutivo sobre el legislativo, pues la iniciativa preferente no impide que este último la deseche una vez suficientemente discutido su alcance”, argumentaron los legisladores del partido blanquiazul.

Cabe señalar que el derecho del titular del Poder Ejecutivo a presentar iniciativas preferentes se encuentra enmarcada actualmente en la Constitución Política federal, por lo que la propuesta panista buscó prácticamente una homologación en ese tema, de la Carta Magna local.

 

 

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