mayo 11, 2024
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diciembre 8, 2018 | 86 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- En la mayoría de los estados del país, la violación a derechos humanos de las personas con discapacidad sigue siendo una constante, por el rezago en el marco legislativo y deficiencia en infraestructura.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció lo anterior, y señaló la urgencia de que los gobiernos cumplan con los mandatos nacionales e internacionales para proteger a quienes padecen alguna discapacidad.

“No se puede ignorar más a los millones de personas con discapacidad que cada día ven limitado su potencial para contribuir al desarrollo del país, porque se les niega el acceso a la salud, rehabilitación, entretenimiento, cultura, educación o empleo, y quienes nunca han tenido la oportunidad de mostrar sus verdaderas capacidades”, indicó.

Y añadió: “Enfrentamos un problema que no tiene visos de reducirse; por el contrario, puede aumentar y generar mayores retos a la sociedad de no atenderse cabalmente las necesidades de ese colectivo, para que a sus integrantes se les garantice el disfrute y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas, así como una atención con calidad y calidez por parte de las instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno hacia las personas con discapacidad”.

Por todo ello, la CNDH formuló once propuestas a los gobiernos estatales; dos a los Poderes Judiciales de los estados; 14 a los Poderes de la Unión estatales, y ocho a las Legislaturas estatales, todas ellas tendentes a generar conciencia, evitar la discriminación, impulsar el ejercicio presupuestal dirigido a la inclusión de personas con discapacidad, capacitar a personas servidoras públicas en el tema, implementar programas de educación sexual y reproductiva, y de inclusión laboral de ese sector poblacional e impulsar mecanismos de justiciabilidad del derecho a la igualdad en favor de las personas con discapacidad.

En 2016, el organismo nacional envió un cuestionario a los Ejecutivos de las 32 entidades federativas, para que entregaran información sobre la protección a derechos humanos de las personas discapacitadas, pero de 800 respuestas esperadas solo se obtuvieron 541.

 

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