abril 23, 2024
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diciembre 22, 2018 | 170 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria, la solicitud del Gobierno estatal para hacer una Asociación Pública Privada (APP), que permitirá la creación de una red de seguridad pública con una inversión cercana a los tres mil 500 millones de pesos en un periodo de seis años.

Siete diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se negaron a apoyar la iniciativa bajo el argumento de que el endeudamiento no es el mejor medio para combatir la situación de inseguridad pública que vive la entidad.

Pese a la negativa priista, la acción legislativa fue aprobada con 24 votos a favor.

El llamado “Big Brother” en materia de seguridad pública constará de cuatro ejes: uno, video vigilancia urbana que ejercerá monitoreo y vigilancia; dos, identificación vehicular y carretera; tres, enlace estatal; y cuatro, control, monitoreo y atención de emergencias.

Operará en los 16 municipios más grandes del Estado, donde serán instaladas cinco mil 147 cámaras de video vigilancia.

Se trata de los municipios de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, San Fernando, Soto la Marina, Victoria, Aldama, Altamira, Madero, Tampico y Mante.

Se desarrollara un proceso de licitación nacional para elegir a la empresa con la cual el Gobierno establecerá la APP.

De acuerdo con el dictamen, elaborado por la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, la red de seguridad pública tendrá un costo de tres mil 499 millones 249 mil 680 pesos, a razón de 58 millones 320 mil 828 pesos mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los recursos para cubrir el costo de la APP se obtendrán de las participaciones federales correspondientes al Estado.

Además de las cinco mil 147 cámaras, la red constará de 30 intercomunicadores montados en igual número de arcos carreteros.

Contempla también un C-5 que será construido en Reynosa y centros regionales en Victoria, Altamira y Tampico, y un circuito de video vigilancia en 30 edificios gubernamentales.

Constará  con una red de transporte de datos de 140 kilómetros de fibra óptica que impedirá el hackeo de la misma, y una red de micro ondas para complementar el enlace y un sistema integrador de video.

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