Octavio Herrera Pérez.-
El pasado viernes 12 de enero tuvo lugar en Reynosa la presentación oficial que el Gobierno de México hizo del programa de la Zona Libre para toda la frontera norte del país, donde se implantarán una serie de medidas fiscales con el propósito de incentivar el desarrollo de esta extensa región, cuya característica principal es el interactuar activamente con su contraparte estadounidense, lo que la hace única en el contexto del escenario económico nacional. Pero, como todas las cosas que están sucediendo en este lapso de trepidante transición de régimen político, muchas voces quieren ver en este proyecto un acto de improvisación y mala administración fiscal, cuestionando su aplicación, repercusiones y tiempos de vigencia. Lo más patético es que esos cuestionamientos procedan precisamente de varios de los actores y sectores radicados en las mismas entidades fronterizas, como la nuestra, revelando un completo desconocimiento de la historia económica fronteriza, tratando de insertarlo en un juego de supuestos contrapesos políticos carentes de sustento.
GÉNESIS DE UN ESPACIO ECONÓMICO DE FRONTERA
El norte de México se construyó durante los tres siglos de vida colonial, dependiendo económicamente del abasto centralizado proveniente de la Ciudad de México, es decir, era “una colonia dentro de la colonia”. España tenía impuesta una rígida política mercantilista y por tanto solo el puerto de Veracruz funcionaba como enlace comercial con el Viejo Mundo. Al consumarse la independencia predominó un frenesí de libre cambio en el país, por lo que se habilitaron varios puertos de altura en ambos litorales de la nueva nación. En el caso de las entidades norteñas y en particular Tamaulipas, surgieron los puertos de Tampico, Soto la Marina y Refugio/Matamoros. Este último se insertaría con la dinámica comercial de Nueva Orleáns, el activo puerto que ya operaba como la punta de avanzada económica de los Estados Unidos hacia el oeste; es decir, se estableció un vínculo intenso con el ascendente mercado capitalista. Sin embargo, este pulso comercial tuvo disrupciones políticas, debido a la independencia de los colonos angloamericanos en Texas, y la amenaza de la invasión americana, que finalmente ocurrió entre 1846-1848. La cuestión fue que el ejército americano estableció un “puerto franco” en Matamoros, muy acorde a las circunstancias imperantes.
CRISIS ECONÓMICA DE LA POSGUERRA EN EL BAJO BRAVO
Tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México perdió la mitad de su territorio, el gobierno nacional reimplantó el sistema fiscal que ya venía restringiendo el comercio desde 1836, al implantar los conservadores la república central; y más aún, creó una policía fiscal para impedir el contrabando. El problema era que los pueblos de la nueva frontera mexicana estaban desvinculados del inexistente mercado nacional (hablo especialmente del bajo Bravo), y, en cambio, del otro lado del río las nuevas poblaciones americanas se especializaron en el comercio hacia México. Por tanto, hubo migración mexicana hacia el nuevo sur de Texas, y con ello una peligrosa debilidad de esa región, todavía en la mira de nuevos apetitos expansionistas.
IMPLANTACIÓN DE LA ZONA LIBRE
Con el estallido de la revolución de Ayutla, las demandas de los pueblos fronterizos, especialmente Matamoros, comenzaron a solicitar medidas fiscales compensatorias a la crisis económica imperante en ellos. Aun así, los líderes regionales no se decidieron a tomar medidas, en tanto el Congreso de la Unión elaboraba la Constitución de 1857. Pero, al ser desconocida esta por la reacción conservadora y desatarse la Guerra de Reforma, el gobernador Juan José de la Garza, a través de su suplente, Ramón Guerra, por estar él en campaña militar, expidió el decreto del 17 de marzo de 1858, por el que se creaba la Zona Libre en el norte de Tamaulipas. La franquicia consistía en que los habitantes de los pueblos fronterizos podían importar toda clase de mercancías, pero solo para su consumo local, las que, si se introducían al interior del país, más allá de una franja de 25 kilómetros, debían pagar impuestos aduanales íntegros. Esta medida tuvo gran aceptación política en la frontera, que apoyó de mil maneras el esfuerzo bélico del partido liberal para ganar la guerra. Y más aún, con las repercusiones de la Guerra Civil en los Estados Unidos, entre 1861 y 1865, que hizo del bajo Bravo la “puerta de salida” del algodón de la Confederación hacia el exterior, por vía del puerto de Matamoros-Bagdad, el prestigio de la zona libre se incrementó. No obstante, al reimplantarse la República, la ortodoxia fiscal del Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente Benito Juárez quiso derogar la Zona Libre fronteriza, pero el Congreso lo impidió. Y, aunque siguió estando vigente, la franquicia estuvo constantemente bajo el acoso mediático y político-económico de los intereses económicos del centro del país.
EXTENSIÓN DE LA FRANQUICIA
Al asumir por segunda vez la Presidencia de la República en 1885, el general Porfirio Díaz se enfiló a cimentar un proyecto económico de desarrollo capitalista en el país, apoyado en el nuevo trazo de los ferrocarriles que enlazaban al país con los Estados Unidos. Entonces requirió de un instrumento fiscal para construir ciudades en la frontera norte, en donde antes prácticamente no existían y por donde cruzarían los trenes. Entonces recurrió a la extensión ese año de la zona libre, desde Tamaulipas a Baja California. Esto fue la base de la configuración de los nodos urbano-mercantiles de Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Juárez y Nogales, todas con sus correspondientes “ciudades gemelas” americanas, como antes había funcionado el binomio de las “twin cities” de Matamoros y Brownsville (nodo que quedó al margen del nuevo pulso mercantil fronterizo). Pero en la medida que el proyecto económico del porfiriato se consolidaba, nuevamente imperó el proteccionismo fiscal desde el Ministerio de Hacienda, que fue restringiendo la franquicia fronteriza desde 1896 hasta finalmente derogarla en 1905. Esto produjo una honda crisis económica en la región, a lo que se sumó la crisis mundial de 1907. De ahí que no resultara extraño que el norte de México haya encabezado esencialmente el movimiento de la Revolución a partir de 1910.
DE LOS PERÍMETROS LIBRES A LA ZONA LIBRE CONTEMPORÁNEA
Durante el período revolucionario, la Baja California norte se mantuvo prácticamente al margen de los disturbios violentos de este acontecimiento (salvo una breve irrupción magonista fallida). Y después vivió una auténtica autarquía, en manos de un hombre militar fuerte, Esteban Cantú, aprovechando la bonanza económica de la California americana, que hizo de Tijuana su meca del esparcimiento y las diversiones asociadas al consumo del alcohol. Esto se incrementó cuando a partir de 1920 la “ley seca” se impuso en todo Estados Unidos, justo cuando este país vivía una de las más frenéticas etapas de su historia, posterior a su participación en la Primera Guerra Mundial. Floreció así esa región fronteriza mexicana, pero al derogarse la prohibición alcohólica con el arribo de Franklin Delano Roosevelt al poder en 1933, imperó allí una profunda crisis económica, que volvió a renacer las tendencias americanas a apoderarse de la estratégica península mexicana. De ahí que el gobierno nacional comenzara a implantar medidas compensatorias, como fueron los perímetros libres de Tijuana, Ensenada y Tecate, como antes lo había sugerido para toda la frontera el gobernador de Tamaulipas, Emilio Portes Gil. Pero sería durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, como parte de su proyecto nacionalista de mexicanizar la Baja California, cuando se reimplantó plenamente la Zona Libre. Fue así que dicha franquicia fue la plataforma para la cimentación y consolidación económica y demográfica de ese territorio, que en 1952 se elevó a ser un nuevo estado federal. Y de allí a convertirse en uno de los principales polos económicos fronterizos.
EL NEOLIBERALISMO VERSUS LA FRONTERA NORTE
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, todas las franquicias que habían sido otorgadas a la frontera durante décadas fueron desmanteladas. Se suponía que todo el país era ahora territorio con una economía abierta y progresista, pero los desajustes que provocó pronto se comenzaron a hacer evidentes, de manera negativa, de múltiples formas a lo largo de la frontera (como el declive de los grandes distritos de riego del bajo Bravo y Mexicali). La puntilla fue incluso, dentro del esquema fiscal ortodoxo, cuando en el sexenio pasado, el Congreso, bajo el predominio del PRI y con rechazo mayoritario del PAN, elevó el IVA en la frontera y homologó cualquier beneficio de la región con las del resto del país. El resultado: precariedad económica.
ESCENARIO HACIA EL FUTURO INMEDIATO
Hoy en día, y en base al anuncio hecho por la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, da inicio a partir de este mes de enero la vigencia de una zona libre en la frontera norte; por cierto, colega de un servidor en el recinto académico de El Colegio de México e interlocutora de un tema de interés común, en virtud precisamente de que mi disertación doctoral versó sobre la génesis e historia de la Zona Libre. Pero no se trata del mismo esquema de franquicias del pasado ligado, solo al consumo de mercancías del exterior, sino ahora se enfoca en la reducción del IVA del 16 al ocho por ciento y del 30 al 20 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de la reducción sensible en el precio del combustible y el aumento del salario mínimo, hasta del cien por ciento. La medida ha sido tomada por decreto presidencial y no por vía del Congreso, con las formalidades del proceso legislativo hacendario, en consideración a su tentativa aplicación práctica, por dos años; aunque, de demostrar sus beneficios –lo que a mí no me queda duda–, permanecerá el resto del sexenio. Esta disposición ejecutiva forma parte sustantiva dentro de la estrategia global del nuevo gobierno de México para impulsar el desarrollo, indiscutiblemente mermado por la política económica cupular que dominó al país desde 1988, sexenio tras sexenio.
