Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
El Congreso de Tamaulipas tendría que analizar qué establece la ley para determinar si se puede sancionar de manera legal o penal a quienes no acaten exhortos o peticiones del Poder Ejecutivo, tomándose en cuenta que para algunos ayuntamientos esos ordenamientos son letra muerta, admitió Joaquín Hernández Correa.
El vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social en el Congreso local consideró que al tomarse en cuenta solamente Nuevo Laredo y Reynosa en el Plan Nacional del Gobierno federal para reducir la violencia y el índice de delitos, el resto de los municipios deberían crear su propia policía.
Sin embargo, en el Congreso local impera una preocupación, porque los exhortos y las peticiones que se han hecho en más de una ocasión para ese y otros renglones, para algunos ayuntamientos ha sido letra muerta, aunque solamente se les pide avocarse para que las instituciones trabajen de manera adecuada y respetuosa con los usuarios, “pero no vemos avance”.
“Creo que se debe de tomar en cuenta a Victoria y las ciudades más importantes del estado, porque en lugares como San Fernando y Tula debe de ser para el Gobierno federal y estatal una prioridad evitar los homicidios que tanto nos afectan, sin dejar de lado los feminicidios que hablando de las maquiladoras los tipos que agarran a las señoritas y las violan, causando daños psicológicos permanentes”, señaló.
Convino en la necesidad de que el Congreso de Tamaulipas estuviera en condiciones de legislar y obligar a los municipios a crear sus propias policías, cuya función estaría enfocada hacia la prevención y disuasión del delito, dejando en manos de la estatal y federal lo que tiene que ver con violencia, feminicidios y homicidios.
Hernández Correa aceptó que, desafortunadamente, hay municipios que ni siquiera acatan los exhortos y peticiones que en tribuna hacen los diputados o bien, son girados como puntos de acuerdo por el Poder Legislativo para hacer conciencia de la necesidad de atender renglones que afectan a la sociedad.
Por ello, consideró conveniente hacer una revisión a las leyes, para determinar la viabilidad de sancionar legal o penalmente a los funcionarios municipales que no acaten estos ordenamientos o exhortaciones del Congreso local.
