marzo 29, 2024
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febrero 10, 2019 | 321 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
Al dictar sentencias de divorcio sin que se firme previamente el convenio respectivo entre la pareja, los jueces tamaulipecos en materia familiar estaban violando derechos fundamentales de los niños, afirmó el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Esparza Parra.

El vocal de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado dijo que lo anterior lo acaba de determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declarar inconstitucional el segundo párrafo del artículo 251 del Código Civil de Tamaulipas.

Dicho párrafo señala que durante un juicio de divorcio, cuando las partes no se pongan de acuerdo respecto a aspectos personales y patrimoniales, el juez podrá disolver el vínculo matrimonial y dejar para después la firma del convenio respectivo.

“El detalle es que bajo esa forma de proceder los jueces estaban dejando desprotegidos a los hijos, porque no se definían aspectos como la guardia y custodia, la convivencia con los padres y el asunto de los alimentos”, detalló.

Bajo esa situación, dijo, se estaban violentando el interés superior del niño y otros derechos fundamentales del menor.

El legislador panista explicó que, ante la situación y sobre todo atendiendo la resolución del máximo tribunal constitucional del país, en breve presentará una iniciativa de decreto para añadir un segundo párrafo al Código Civil del Estado.

La propuesta será adicionar un nuevo párrafo al numeral 251, para establecer la obligación de los jueces de garantizar los derechos de los niños antes de dictar la sentencia de divorcio.

“Voy a exponer la iniciativa al Presidente de la Junta de Coordinación Política con la idea de presentarla lo más pronto posible ante el pleno, porque hay que atender la decisión de la Suprema Corte que declara la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 251”, indicó.

Esparza recordó que actualmente la disolución del vínculo legal del matrimonio es más simple, porque basta que una parte lo solicite para que proceda, sin necesidad de que exista causa legal o justificada para ello.

Sin embargo, reiteró, los jueces no estaban privilegiando la protección de los derechos de los niños.

 

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