Herencia de ‘la pepa’ o las diputaciones provinciales

0
45
Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Benito Antonio Navarro González.-

A partir de la importancia que tomó la conmemoración del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917, un hecho que sin duda transformó el sistema político económico y social del país, retomamos un texto que publicamos hace algunos años. Vale apuntar que la Carta Magna, construida en 1917 por una multitud de diputados constituyentes, reunidos en la ciudad de Querétaro, provenientes de varios estados de la república, no se creó de la nada, tuvo sus bases y antecedentes, aunque no fueron inmediatos. Aquí exponemos uno de ellos.

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Una de las herencias de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, conocida también como “la pepa” o la constitución de Cádiz, fue la instalación de las Diputaciones Provinciales, luego de haberse institucionalizado las llamadas Juntas Provinciales en España en 1808. Pues bien, de acuerdo a lo que explica Nettie Lee Benson en su texto La diputación Provincial y el federalismo mexicano, la función de los diputados fue la de gobernar y representar a casi todo el resto de las provincias que existían en las Intendencias del territorio de Nueva España. El 16 de Marzo de 1811 las Cortes de Cádiz, luego de varios días de discusión, aprobaron el “Reglamento de Provincias”, publicada en el Diario de las Cortes del 28 de marzo. (Benson, La Diputación…1995). En el estatuto se otorgó el derecho a cada una de las provincias novohispanas para tener una Junta Superior compuesta por un capitán general, un intendente, un secretario y nueve vocales elegidos.

 

LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

En principio y por decreto de las Cortes de Cádiz, se autorizaron para México seis Diputaciones Provinciales; dos en la Nueva España, una en la capital y otra en San Luis; una en Guadalajara y otra en Mérida, Yucatán; una más en la ciudad de Monterrey con jurisdicción sobre las llamadas Provincias Internas de Oriente conformadas por Nuevo Reino de León, Coahuila, Texas y el Nuevo Santander. Según la reglamentación, cada diputación sería políticamente independiente, cuyo gobierno debía estar sostenido y representado por un jefe político, un intendente y los diputados de cada provincia. Se cimentaban los futuros gobiernos estatales.

En cuanto a las Provincias Internas de Oriente, las Cortes españolas dispusieron que Coahuila, Nuevo León y Nuevo Santander, tuviesen dos representantes, mientras que a la provincia de Texas se le asignó solo a uno, debido a su escasa población. Pero como esta, enfrentaba por entonces la sublevación encabezada por Bernardo Gutiérrez de Lara, fue prácticamente imposible enviar a su representante legal. De modo que las Cortes decidieron que al Nuevo Reino de León se asignara un tercer diputado, quien estaría a cargo de la provincia texana. Coahuila, Nuevo León y Nuevo Santander, obtuvieron dos representantes. Bernardino Cantú y José Lobo Guerrero representaron a Nuevo León; Melchor Sánchez Navarro y Francisco Antonio Gutiérrez a Coahuila; Ylarión Gutiérrez y Pedro Paredes al Nuevo Santander y Pedro Manuel de Llano fungió como representante de Texas. De esta manera, la diputación Provincial quedó instalada el 21 de marzo de 1814, al tiempo que comenzó sus funciones.

Para 1821 solo ocho Intendencias tenían Diputaciones Provinciales, aunque desde la Constitución de 1812 se habían autorizado otras seis, pero no entraron en función por discrepancias políticas y jurisdiccionales. Una de esas era la de las Provincias Internas de Oriente, jurisdicción que—dijimos–abrazaba a gran parte de los actuales estados de Nuevo León, Coahuila, Texas y el Nuevo Santander. Representativamente dicha Diputación tenía su sede en Monterrey, sin embargo, debido a que la clase política de la ciudad de Saltillo demandó el derecho a ocupar esa posición a través de su máximo líder, Miguel Ramos Arizpe, la institución no operó como debía.

En medio de las tensiones entre grupos representativos de las jurisdicciones de Nuevo León y Coahuila, los políticos del Nuevo Santander aprovecharon la coyuntura y decidieron formar su propia diputación el 29 de enero de 1822, cuando empezó a funcionar de facto, debido a la oposición que en el Congreso General ejercieron los diputados neoleoneses y coahuilenses. La diputación local comenzó su función un 9 de abril de 1823.

 

LA INDEPENDENCIA DE LA DIPUTACIÓN SANTANDERINA

Una de las primeras disposiciones de la Diputación Provincial del Nuevo Santander, fue la anulación de su dependencia de la Audiencia de la Ciudad de México en materia judicial, una práctica que se ejercía de años atrás. Esto significó que los integrantes de la Diputación decidieron que los procesos legales se resolvieran exclusivamente dentro de su territorio, a través de juzgados de primera y segunda instancia.

Al mismo tiempo, en la Provincia del Nuevo Santander se instauró una Junta Suprema de Gobierno, la cual estableció que “…la provincia de Santander o de las Tamaulipas, a que dicho Aguayo pertenece, jamás sea dependiente de otra alguna provincia…”. Del mismo modo, para reafirmar su autonomía respecto al órgano representativo de Coahuila y Nuevo León, la junta señaló que: “en consecuencia, todo el gobierno de las Tamaulipas esté reconcentrado en toda esta provincia, sin recurso ni apelación fuera.” Lo que más nos interesa resaltar aquí, fue el estatuto que definió su soberanía, en el cual se declaraba que “…por lo mismo haya en [Tamaulipas] un gobierno supremo en lo político, gubernativo, económico y  judicial…”. Cabe añadir, que en la misma declaración, se deja ver el traslado del nombre de Nuevo Santander, al de Tamaulipas, lo que sugiere que en aquel momento se discutía el nombre que hoy lleva nuestra entidad federativa.

 

LAS FUNCIONES DE LA DIPUTACIÓN

Según el reglamento de las Diputaciones provinciales, estas tuvieron el derecho de aplicar las contribuciones que más conviniera a las cajas provinciales, así como  establecer un reglamento y su distribución equitativa. También debían denunciar al gobierno central de “los abusos que notare en la administración de los fondos públicos”. Anticipadamente, se señaló la necesidad de censar a todo individuo, y extraer de los espacios que ocupaba cada provincia una estadística que definiera las circunstancias económicas en las que se encontraban. Así, “el nuevo sistema de gobierno que implantaba la Constitución de 1812, proclamada por Fernando VII en 1820, no se incluía un virrey. El jefe político era el único funcionario ejecutivo de toda la provincia o intendencia en que la Diputación Provincial tenía jurisdicción y era directamente responsable ante el ministro de asuntos de ultramar, que residía en España”. (Benson, La Diputación…1995).

Durante los años en que operó la Provincia del Nuevo Santander, promulgó una serie de leyes que repercutieron en el deterioro de las finanzas centrales. De hecho, la excesiva autonomía administrativa con la que solía funcionar la provincia santanderina, fue mal vista por los políticos de la ciudad de México. Por ejemplo, una de las iniciativas provinciales, fue la suspensión del cobro al comercio interno (o alcabala) del maíz que ingresara a la jurisdicción del Nuevo Santander. José María Rodríguez, tesorero provinciano ante la Hacienda pública central, ordenó reducir los suelos alcabalatorios en todo Santander, con la finalidad de que uno de los productos de consumo básico como era el maíz, no se encareciera y no se vieran afectados los consumidores locales. Para beneficiar a los habitantes del norte de la joven provincia, se absolvió del pago de derechos a todo producto o mercancía extranjera introducida por aquellas tierras. Ambas disposiciones fiscales atentaron contra el pacto centro-periferia.

[email protected]

Comentarios