Cd. Victoria, Tam.-
El Congreso del Estado analizará una iniciativa de decreto para castigar a los funcionarios estatales y municipales, que en calidad de titulares de dependencias públicas, contraten como proveedores a empresas “patito”, que carecen de capacidad técnica, económica y operativa.
La acción legislativa, que propone reformar el párrafo tercero del artículo primero de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios, fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
De ser aprobada la propuesta, la nueva redacción del párrafo citado establecerá que: “Los contratos que se celebren entre entes de la administración pública estatal, o bien los que se lleven a cabo entre estos y alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, o con los ayuntamientos de la entidad, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización.
Y añadirá: “En este último supuesto, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo”.
Para justificar la reforma, los legisladores de Acción Nacional señalan que es prioritario: “evitar la práctica consistente en la adquisición del uso, goce o disfrute de bienes, o bien, en la contratación de servicios con terceros que carecen de la capacidad técnica, económica y operativa para cumplirlos”.
Para ello, proponen un mecanismo que responsabilice a los titulares de las dependencias contratantes, de vigilar el cumplimiento de los actos jurídicos formalizados en términos de la ya referida Ley de Adquisiciones.
Con la adecuación a la ley, añaden, se le cerrará el paso a la corrupción a través de la simulación de actos jurídicos entre organismos gubernamentales que malversan recursos públicos para satisfacer finalidades particulares.
Citaron como ejemplo de lo anterior, casos de desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Gobierno federal, en las cuentas públicas del ejercicio 2014, 2015 y 2016.
