Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- El Poder Judicial de Tamaulipas debe de adoptar, contratar o reclutar, al personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que opere los juzgados laborales que se abrirán a raíz de la reforma constitucional en la materia, recomendó Rafael González Benavides.
El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y expresidente del Poder Judicial del Estado, consideró que será un error desaprovechar la experiencia de quienes han venido operando las Juntas.
Recordó que, en abril pasado, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia laboral, que, entre otras cosas, deja en manos de los poderes judiciales la atención y resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones.
De esa manera, explicó, desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje para ser reemplazadas por juzgados laborales.
“Todavía falta que la reforma sea aterrizada en las entidades. Aquí en Tamaulipas será necesario homologar la Constitución local con la federal y adecuar las leyes secundarias, algo en lo que vamos muy adelantados, pero sí será muy recomendable que el Poder Judicial aproveche la experiencia de quienes hoy trabajan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje”, mencionó.
Recordó que, además de los juzgados en materia laboral, el Estado deberá crear un Centro Estatal de Conciliación y Registro Laboral, en el que también podrían aprovecharse aquellos servidores públicos que actualmente realizan esa tarea en las Juntas.
González Benavides consideró que la reforma constitucional tiene pros y contras, pero en lo general crea las condiciones para que se dé una relación más justa entre trabajadores y patrones.
Entre los aspectos dañinos señaló el llamado outosurcing, porque es una figura que permite a los patrones evadir obligaciones tributarias a través de simulaciones que afectan los derechos de los trabajadores.
“Habían dicho que lo iban a prohibir, pero lo mantuvieron”, refirió.
Sin embargo, en contraparte estimó que seguir limitando a un año el tope de salarios caídos, y garantizar la secrecía del voto del trabajador, como herramienta para garantizar la democracia sindical, son aspectos de gran beneficio.
