Archivos: Reto monumental

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Juan Carlos López Aceves.-

Para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, es necesario que los Sujetos Obligados por las leyes de transparencia (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fondos públicos y fideicomisos, así como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, entidades federativas y los municipios) documenten sus actos y los organicen, conserven, administren y preserven de manera homogénea en archivos.

Sin archivos se hace nugatorio el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información pública y el de protección de datos personales en posesión de nuestras autoridades, porque simple y sencillamente una solicitud se toparía con la inexistencia de un documento, se dificultaría su localización o en el mejor de los casos se pudiera encontrar pero dañado.

Viene a cuento lo anterior, porque el pasado 15 de junio inició su vigencia la Ley General de Archivos. Se cumplió el extremo del Artículo Primero Transitorio, que concedió un plazo de un año a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de junio de 2018, para que entrara en vigor.

La Ley General de Archivos junto con las Leyes Generales de Transparencia y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, forman el trípode sobre el que se sostiene la Reforma Constitucional de Transparencia, de febrero de 2014, que dio vida al Sistema Nacional de Transparencia y ahora al Sistema Nacional de Archivos, que trabajarán coordinadamente.

Aprobada por ELVA VALLES RODRÍGUEZ y PALOMA GUILLÉN VICENTE, en la sesión de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2018, el contenido de la Ley General de Archivos se distribuye en 123 artículos ordenados en tres Libros, y su ruta de implementación descansa sobre 17 Artículos Transitorios, en donde se dispone que los Congresos de las entidades federativas tendrán un año para armonizar la legislación local en materia de archivos, que se contará a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

 

Del 15 de junio pasado al 15 de junio de 2020, es el término establecido para la armonización de la legislación tamaulipeca. Es decir, la tarea le corresponderá a

PILAR GÓMEZ, ARTURO SOTO y demás integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado. Como sucedió en materia de transparencia y protección de datos personales, seguramente se editará un modelo de Ley General a partir de la cual los Poderes Legislativos de las entidades federativas, puedan orientar el contenido de las iniciativas de Leyes de Archivo que se presentarán durante los próximos doce meses, en aquellos estados que no cuenten con legislación en la materia, como es el caso de Tamaulipas.

Igual y como sucedió con las leyes anteriores (La Ley General de Transparencia se publicó el 4 de mayo de 2015 y la Ley General de Protección de Datos el 26 de enero de 2017), se tiene contemplado una reunión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos, que preside CARLOS RUIZ ABREU, Director del Archivo General de la Nación, con la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Permanente de Congresos Locales, CONAGO y COPECOL, bajo la presidencia de FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, gobernador de Querétaro, y de LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, respectivamente.

Viene en camino un reto monumental, pues la implementación de la Ley General de Archivos y la observancia de las obligaciones que contiene, exigirá recursos públicos adicionales del Presupuesto de Egresos Federal y de Tamaulipas, que también demandan el cumplimiento de las Leyes Generales de Transparencia y de Protección de Datos Personales.

Los archivos son importantes para ejercitar nuestros derechos

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