Mauricio Zapata
Cd. Victoria, Tam. – El Pleno del Congreso del Estado aprobó en lo general, y en lo particular la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Tamaulipas, con lo cual, a partir de hoy, deja de ser Procuraduría.
Con ello, se establece el marco jurídico que amplía y visibiliza las obligaciones de los operadores de la procuración de justicia, desde una Ley Orgánica, que permita regular la forma de organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía.
Para la para la elaboración de esta Ley, se analizaron distintos factores tanto jurídicos, estadísticos y sociales; así como de recursos humanos, presupuestales y materiales en una Ley que atiende los diferentes factores que le darán vida jurídica.
Atendiendo al mandato constitucional, el Ministerio Público a cargo de la Fiscalía General, tendrá dentro de sus atribuciones solicitar las medidas cautelares contra los imputados, recabar y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos y, en su caso, promover el ejercicio de la acción penal ante los tribunales de justicia; procurar que los juicios en materia penal y la ejecución de penas en el Estado se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas, proteger y brindar atención a las víctimas del delito y testigos, con el respeto irrestricto a los derechos humanos del imputado y demás intervinientes.
Por lo que hace a la organización de la Institución, el Fiscal General de Justicia contará con tres Vicefiscalías para el desahogo de sus funciones, estableciendo en el presente proyecto la creación de la Vicefiscalía Ministerial, Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad; y la Vicefiscalía de Delitos Complejos y de Violaciones a
Derechos Humanos.
En ese sentido, se establecen las atribuciones de las fiscalías especializadas previstas en la Constitución Política de Tamaulipas; se crean las Fiscalías de Distrito, como encargadas de supervisar la investigación y persecución de delitos que no sean competencia de las Fiscalías o Unidades Especializadas.
En resumen, la Fiscalía General tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el estado de derecho en la entidad; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.
El nombramiento del Fiscal será a propuesta del titular del Ejecutivo y aprobado por el Legislativo, pero la remoción del mismo será atribución sólo del Gobernador, sin embargo, de acuerdo con esta nueva Ley, tendrá autonomía en su labor.
