Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tam.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó a las instancias de procuración e impartición de justicia de las entidades federativas, incluida Tamaulipas, revisar sus legislaciones para garantizar que los delitos de tipo sexual contra menores de edad sean imprescriptibles penalmente.
Exigió, además, remover cualquier previsión legal que permita la impunidad.
“Por ejemplo aquellas (previsiones) que establecen el matrimonio del agresor y la víctima como excluyente de responsabilidad penal” detalló.
El organismo nacional señaló que lo anterior es necesario para prevenir, atender y eliminar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
En ese mismo sentido planteó la urgencia de elaborar un protocolo general homologado en todo el territorio nacional, para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar los casos de violencia sexual infantil.
Se requiere revisar las normas y procedimientos de procuración e impartición de justicia para definir estándares probatorios adecuados y con perspectiva de derechos de niñas y niños, que permitan la pronta determinación de los casos de violencia sexual con el menor impacto para las víctimas, y evitar que éstos sean desestimados únicamente porque no existen signos físicos de las agresiones.
El protocolo es importante, refirió, para que las autoridades educativas locales, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las instancias de procuración de justicia, sigan un procedimiento único que permita proteger la integridad de las personas menores de edad.
Advirtió que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es indignante e inaceptable, y que, aunque las víctimas logren tener acceso a rehabilitación, los daños que genera en sus vidas son permanentes e irreparables.
“Las huellas del abuso de poder y de la transgresión a su cuerpo y dignidad tienen efectos determinantes en su desarrollo integral que muy difícilmente pueden ser superadas”, expresó.
Destacó la urgencia también de prohibir expresamente y sancionar el castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes; establecer mecanismos seguros, confidenciales y accesibles para que niñas, niños, adolescentes, sus representantes y otras personas, puedan denunciar la violencia en su contra, e incluir en todos los niveles educativos, programas de educación sexual adaptados a las diferentes edades y etapas de desarrollo.
También se debe establecer como medida obligatoria, la capacitación para el personal de las fiscalías de justicia, tribunales, policías, personal médico, docente, y toda persona servidora pública que tenga contacto con niñas, niños y adolescentes, sobre cómo atender a las víctimas de violencia.
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