Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El Congreso del Estado “desarmará” Constitucionalmente a los grupos civiles llamados “autodefensas”.
Lo anterior luego de que el diputado sin partido, Humberto Rangel Vallejo, presentó una iniciativa que busca derogar la fracción VI del artículo 18 de la Constitución Política de Tamaulipas, y que deberá ser analizada por la Diputación Permanente para determinar su procedencia.
Dicha fracción establece “la obligación de todos los habitantes del Estado de tomar las armas en defensa del pueblo en el que vivan cuando éste fuere amagado por malhechores, acatando las disposiciones de la autoridad local”.
Rangel Vallejo expuso la urgencia de eliminar esa disposición de la Carta Magna, porque es una disposición que data de hace 100 años, cuando las condiciones del país eran muy distintas a las actuales.
Además, esa fracción choca con lo señalado en el numeral 17 de la misma Constitución, en el sentido de que: “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
Reconoció que las omisiones de gobiernos anteriores provocaron una escalada en los problemas de seguridad que generaron en la sociedad tamaulipeca una pérdida de confianza en las instituciones del Estado, específicamente aquellas encargadas de la seguridad pública y de mantener el orden y procurar justicia para los habitantes, lo que provocó el surgimiento de grupos armados entre la población con la consigna de proteger y salvaguardar a sus comunidades de la delincuencia y la violencia.
Sin embargo, precisó, “si bien supuestamente estos grupos se gestaron con un objetivo que podría entenderse como noble, no debemos perder de vista que estos grupos actúan al margen de las instituciones del Estado, sin ningún tipo de capacitación, deber de cuidado o garantías que estén reconocidas en nuestros ordenamientos legales y tratados internacionales.
“Tampoco están sujetos a los mismos controles que las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, por lo que existe la enorme incertidumbre de que estos grupos puedan caer en manos de grupos criminales, ya sea infiltrándolos o de plano absorberlos y hacer que terminen defendiendo otras causas que en nada tienen que ver la seguridad de los tamaulipecos”.
Refirió que , por todo ello este tipo de grupos civiles armados envía mensajes equivocados a las mujeres y hombres que con responsabilidad y con sentido de servir a su país ingresan a las academias de policía; genera incentivos para el crecimiento de otros grupos armados; incrementa las violaciones a los derechos humanos como lo son la presunción de inocencia, el debido proceso policiaco y judicial, y mantiene viva a las principales enemigas de la democracia y de sus instituciones: la impunidad y la falta de aplicación de la ley.
