Gobernadores deben ir directamente con AMLO

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Ma. Teresa Medina Marroquín.-

Desde hace buen tiempo México dejó de ir por extrañas aguas, pasando a navegar en medio de turbias oleadas.

Ahora el colmo es que la 4T se transformó en una política controversial y belicosa de todos los días, alejada cada vez más de ese renacimiento que teníamos la impresión de ver pronto.

Es tanto el nivel de estulticia en los altos mandos del país que controlan los poderes ejecutivo y legislativo, que no sólo desarman a cualquiera de proponer un debate democrático donde lo que rija sea el Estado de derecho.

Pasan, en este caso la mayoría de los gobiernos estatales y municipales, a abrir pronto trincheras políticas indignadas que enfrentarán decisiones unilaterales de un solo grupo político.

Hagamos de cuenta que el país es una gigantesca isla desierta de casi dos millones de kilómetros cuadrados, donde los experimentos de un nuevo dictador no consideran en absoluto que en ella vivan 130 millones de personas.

Tampoco repara ese señorón de horca y cuchillo en que esta isla es habitada por un grupo de 32 gobernantes, que Dios guarde la hora si entre sus inconformidades y protestas decidieran recurrir a acciones nunca antes vistas de hacer valer los derechos de los pueblos que gobiernan.

A estas alturas los Gobernadores de Acción Nacional (GOA) que preside el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y la propia Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que lidera Francisco Domínguez, buscan que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2020, presentada por el Gobierno de la República al Congreso de la Unión, sea modificada sustancialmente, pues la mayoría de los mandatarios estatales consideran que los recortes afectarían gravemente el desarrollo de las entidades federativas.

No sería útil, sin embargo, una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la que propone el presidente de la Conago para discutir la modificación del presupuesto y en su momento resolver el tema de los recortes.

Es en todo caso que los gobernadores se reúnan directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y frente a frente le hagan saber (al margen de diferencias partidistas e ideológicas, e incluso de iras que van y vienen en ambas direcciones) que con las necesidades del pueblo de México no funcionan impulsos y arrebatos, ni las decisiones sustentadas en experimentos que, según sospechan no pocos, tienen el propósito de debilitar a los gobiernos estatales.

Algo así como intentar neutralizar al PAN y al PRI con la malévola intención de que sus gobiernos estatales y municipales se vean muy mal ante los electorados que los llevaron al poder.

Si este fuera realmente el escenario, inevitablemente vendría un conflicto político de proporciones nunca vistas en México. Si se tratara de simples errores de cálculo los señores gobernadores ganarían el debate, pues los recortes, como en el caso de Tamaulipas, son una serie de abusos que pasan por encima de los fuertes recursos que el gobierno de García Cabeza de Vaca aporta a la Federación, sin que exista la reciprocidad correspondiente.

La gran interrogante es si la Federación se aferra a sus líneas dictatoriales e irracionales de recortar a los estados sus presupuestos sólo porque sí, ¿los gobernadores procederán a romper el Pacto Fiscal que tienen celebrado con la misma Federación? Los que saben, afirman que las probabilidades de que esto último ocurra son altas.

Un escenario que al mismo tiempo deja también sin probabilidades de existencia a la prometida “república amorosa”, la que iba a ser destinada a promover el bien y lograr la felicidad.

 

DESIGNAN FISCAL ESPECIAL POR CASO DE NUEVO LAREDO

Ante la relevancia de los hechos ocurridos en Nuevo Laredo donde el pasado cinco de septiembre fallecieron ocho presuntos integrantes de una banda criminal, en cuyo evento participaron elementos de la policía estatal, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) designó a un Fiscal Especial para atender el caso. El objetivo es que esta Fiscalía conozca claramente cómo sucedieron los hechos y proceder al deslinde de responsabilidades.

El nuevo fiscal es Adelfo Gabriel González Pérez, licenciado en Derecho con Maestría en Derecho Penal, y Sistema de Justicia Penal y Adversarial. Le precede haberse encargado del Despacho de la Fiscalía para Asuntos Electorales en Ciudad Victoria.

Informa la PGJT, a modo de precisión, que desde que se tuvo conocimiento de los hechos citados se inició una Carpeta de Investigación, donde por cierto ya existen avances significativos que permitirán obtener resultados de las investigaciones en un plazo breve.

¡Feliz fin de semana!

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