abril 24, 2024
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septiembre 25, 2019 | 107 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
El combate al delito de trata de personas ha fracasado por la ineficiencia de las autoridades, tanto estatales como federales, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Señaló que no basta con tener la mejor legislación, sino que es necesario materializar su contenido y que las personas lo perciban en su vida cotidiana.

El organismo refirió que la falta de capacitación, de diagnósticos y sistematización de información sobre las víctimas de los delitos en materia de trata de personas hacen que quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales se encuentren invisibilizadas en las cifras oficiales reportadas por las autoridades.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, elaborado por la misma CNDH, que se nutre de información obtenida de las procuradurías y fiscalías generales de justicia a nivel local y federal, entre junio de 2012 y julio de 2017 el 85 por ciento de las posibles víctimas identificadas fueron mujeres, mientras que los niños y los hombres representaron el 15 por ciento.

La trata de personas con fines de explotación sexual es la que más afecta a niños, niñas y adolescentes. De las mil 375 posibles víctimas identificadas el 54 por ciento corresponde a delitos en materia de trata de personas en el ámbito sexual.

Urgió a los gobiernos federal y estatales a que cuenten con una ruta clara de atención, protocolos que cubran todas las necesidades y requerimientos de esta población, así como diagnósticos que establezcan un panorama respecto de la vulnerabilidad de estas personas a los delitos en materia de trata de personas y la forma de prevenirlos.

Además, les pidió capacitar y sensibilizar a su personal sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías de las víctimas y grupos vulnerables, garantizando con esto su derecho al acceso a la justicia y a la asistencia y protección durante la recuperación, rehabilitación y reinserción.

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