Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Si bien se dispone, de acuerdo a la ley, hasta febrero de 2020, la Auditoría Superior del Estado (ASE) turnará a la nueva Legislatura del Congreso local cuentas públicas para que tenga tiempo de analizarlas.
El titular de este organismo fiscalizador, Jorge Espino Ascanio, convino en que, a diferencia de la anterior legislatura en la que se presentaron los ejercicios fiscales el último día, lo que se pretende es que no se acumulen.
Comentó que la Auditoría realizó una primera entrega el 28 de junio, la segunda será el 30 de octubre y una última podría ser el 20 de febrero del próximo año, con lo que se tendría el informe general de lo que es 2018.
“Ese informe que entreguemos en febrero del próximo año, el Congreso tiene hasta diciembre del 2020 para poderlas subir y darle la calificación que la Auditoría le está dando, en el sentido de si cumplió o no”, señaló.
Desconoció cuántos ejercicios fiscales, es decir cuentas públicas, se presentarán por parte de la Auditoría al Congreso local, podrían oscilar en unas 40 o 50, “es una meta, pero hay mucho trabajo por hacer, aunque si no la terminamos no la podemos entregar, la ley no nos obliga a un número exacto”, precisó.
De ese número, admitió que todavía no se puede determinar si se cumplió o no, por parte de ayuntamientos, cuentas del Gobierno del Estado, organismos descentralizados, entre otros entes, toda vez que “estamos en el proceso de revisión”.
De los poco más de tres mil millones de pesos de lo que se está recibiendo, todavía está en vías de resolución de observaciones por parte de todos esos organismos, dependiendo de cada uno de los periodos.
“Seguimos en el proceso, depende del periodo, ya calificamos 2016, hicimos 2017 y estamos con 2018, de casi los tres mil millones siguen solventando, ya que estamos en sus audiencias en el área jurídica y nos llevan documentos, lo que debemos de tener un tiempo para irlas revisando”, justificó.
Tan solo del Instituto de Previsión y Seguridad Social para los Trabajadores (Ipsset) hay por solventar mil 300 millones de pesos.
