NADIE POR ENCIMA DE LA LEY… SALVO QUE SEA ALIADO

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Pascal Beltrán del Río.-

Hace dos semanas, el país vivió una discusión sobre los secuestros que realizó la guerrilla en los años 70, misma que culminó con el despido del director del INEHRM por haber llamado “jóvenes valientes” a quienes mataron, en un intento de plagio, al empresario Eugenio Garza Sada hace 46 años.

Todavía fresco ese debate, estudiantes normalistas privaron de la libertad a los choferes de los 92 autobuses que robaron en las terminales de Tenancingo e Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Al momento de escribir estas líneas se acababa de acordar su liberación –en una mesa encabezada por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta–, pero sin castigo para los secuestradores, que en declaraciones a la prensa admitieron tener retenidos a los conductores.

El robo de los autobuses, por parte de los estudiantes de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, quedó grabado en videos que se reprodujeron en medios nacionales y están disponibles en internet. Pese a ello, no se nota interés alguno por parte de las autoridades en fincar responsabilidades por lo que es, claramente, un delito grave.

En este caso no se amenaza con prisión preventiva oficiosa, como se hace con los contribuyentes que pudieren tener la mala fortuna de recibir de forma inadvertida una factura falsa. Y tampoco se le atendió con la celeridad con la que se removió de su cargo a Pedro Salmerón por deshonrar la memoria de don Eugenio.

Los hechos de días pasados en Tenancingo, donde se ubica la escuela normal –fundada en 1927 y también conocida como Tenería–, han puesto a prueba al gobierno federal en muchos sentidos.

El robo de los autobuses y secuestro de sus operadores son una calca de las acciones realizadas por alumnos del mismo plantel en septiembre de 2008. Hoy, como ayer, los estudiantes y quienes los manejan exigen la entrega de plazas automáticas a quienes egresan de la normal.

Hace 11 años se salieron con la suya. La pregunta es si esta vez también lo harán.

Una vez liberados los choferes y los autobuses, ¿permitirá el gobierno que se ponga en duda la rectoría del Estado en la asignación de plazas magisteriales?

Con motivo de la aprobación de la nueva reforma educativa y sus leyes secundarias, las autoridades de la SEP aseguraron que la eliminación de los concursos y evaluaciones de la anterior reforma no significaba que volverían por sus fueros quienes traficaban con esas plazas. Todo sería paz y armonía para decidir quiénes quedan frente al aula y eso contribuiría a serenar al país.

¿Acaso no fue ésa la conclusión de las reuniones que la CNTE sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No quedó claro que, en el nuevo arreglo, los normalistas tendrían preferencia en la contratación? ¿A qué obedecieron entonces estos secuestros y qué hará al final el gobierno?

En este caso se cometieron delitos graves frente a los ojos del país. Se robaron autobuses –en terminales, pero también en plena carretera, donde fueron bajados los pasajeros, abandonándolos en descampado– y se privó de la libertad a los operadores. De que estos normalistas están por encima de la ley y han actuado al margen de ella, no hay duda.

En declaraciones a los medios, Odilón López Nava, delegado estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte, de Pasaje y Turismo, afirmó que estos hechos ocurrieron en las narices de elementos de la nueva Guardia Nacional.

Si el gobierno no actúa con firmeza frente a estos ilícitos, se reforzará la idea de que hay dos tipos de justicia en la 4T: una para los aliados del gobierno y los grupos que delinquen con el pretexto de causas sociales y otra para todos los demás.

 

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