abril 20, 2024
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noviembre 9, 2019 | 200 vistas

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-
Las consultas ordinarias o de especialidad, la entrega de medicamentos y tratamientos a pacientes con enfermedades crónicas que son atendidos por el Seguro Popular, no han sido suspendidos y están garantizados al menos para lo que resta del año.

Así lo aseguró Yorvic Ramírez Vázquez, director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Repss), y agregó que esperan en ese lapso también se den a conocer la nuevas directrices de operación del Instituto de Salud y Bienestar (Insabi)

«El Seguro Popular no está paralizado de ninguna manera, es un sistema que continúa vigente, así lo especifica la Ley y está previamente aprobado en el dictamen del Senado, por lo que habrá un inicio de la nueva disposición legal a partir del uno de enero de 2020», expuso.

Ramírez Vázquez añadió que las disposiciones también establecen que los derechos que tienen los afiliados no se pierden con este nuevo sistema, es decir, que quien actualmente es afiliado no significa que a partir de enero ya no tenga cobertura o acceso a los servicios de salud.

«Cambia de forma, de nombre y obviamente habrá modificaciones en lo que respecta tal vez al paquete de servicios, al compendio de medicamentos, eso lo establecerá el Gobierno federal a través de los reglamentos, lineamientos, catálogos, la cobertura o amplitud», apuntó.

Ramírez Vázquez enfatizó que de ninguna manera quien ha tenido Seguro Popular a partir de enero se va a sentir descubierto, pues simplemente es un cambio de sistema.

«La nueva disposición establece que el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos cambia de nombre, se creará uno nuevo y los que tenían una cierta cobertura tendrán el seguimiento, por lo que tampoco hay que generar una percepción de alarma o de zozobra».

El titular del Repss, detalló que el ordenamiento establece que tendrá que seguir la cobertura que se ha estado dando, asimismo indicó que las especificaciones se tendrán que diseñar y publicar en el plazo establecido en la Ley, que son 180 días.

«Esperamos que en este lapso de noviembre y diciembre nos convoquen a las entidades federativas, para que aterricen estos ordenamientos legales y a partir del mes de enero tengamos ya mucha mayor certeza para los alcances que va a tener este nuevo ordenamiento», concluyó.

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