Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Desde enero de 2016 a octubre del 2019, un total de 520 servidores públicos del Gobierno del Estado han sido sancionados por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Al responder a una solicitud de información pública, la Contraloría Estatal detalló que en 2016 sancionó a 189 trabajadores; en 2017, 163; en 2018, 120 y en el periodo de enero a octubre del 2019, 48.
De todos ellos, cinco fueron cesados en forma definitiva y 25 de manera temporal, mientras que 43 recibieron sanciones administrativas.
Del resto 63 recibieron inhabilitación temporal; 71 fueron apercibidos de forma privada, en tanto que 147 tuvieron una amonestación privada y 13 una amonestación pública.
La Contraloría detalló que otros 134 funcionarios recibieron un apercibimiento público y 16 fueron sancionados económicamente.
Las Secretarías de Educación y de Seguridad Pública, además de la ya desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), son las instancias con más servidores públicos sancionados.
En general, casi todas las dependencias tuvieron trabajadores sancionados, pero aquellas son las que registraron un mayor número.
Por otra parte, la dependencia informó que desde el 2017 a octubre pasado, 84 servidores públicos han sido sancionados por incumplir con la presentación de su declaración “Tres de tres” o patrimonial.
En 2017 fueron once los castigados; en 2018, 58 y en 2019 van 15.
Como sanción por la falta, 18 fueron apercibidos de forma privada; 16 tuvieron amonestaciones privadas y 50 fueron inhabilitados.
La declaración “Tres de tres” es una obligación que deben cumplir cada año todos los servidores públicos.
Deben rendir una Declaración Patrimonial que permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee el declarante, desde el inicio hasta el fin de su cargo; una Declaración de intereses que se refiere a las actividades o relaciones que podrían inferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un servidor público; y la Declaración Fiscal que tiene como objetivo que los funcionarios, al manejar recursos públicos, demuestren que están al corriente con sus obligaciones fiscales.
