Tumba la Corte otra reforma tamaulipeca

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00106049. Ciudad de México, 6 Ene 2020 (Notimex-Alejandro Guzmán).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza sesión solemne con motivo de la investidura a la ministra Ana Margarita Ríos-Farjat. Ciudad de México, 6 de enero de 2020. NOTIMEX/FOTO/ALEJANDRO GUZMÁN/AGH/CLJ
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Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el requisito de la calidad de mexicano de nacimiento que la Constitución de Tamaulipas exige a quienes aspiren a ser comisionados del Instituto de Protección a la Identidad (IPI).

La resolución del máximo tribunal constitucional del país se dio en base a una acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La misma CNDH informó de lo anterior y celebró la sentencia de los ministros que conocieron del recurso.

De esa manera, el Congreso del Estado deberá modificar el decreto mediante el cual se autorizó la creación del IPI como ente encargado de la expedición de la cédula de identidad, para todos los residentes y avecindados mayores de 14 años.

La SCJN consideró inconstitucional exigir a los aspirantes que reúnan la calidad de mexicano por nacimiento.

“Se estimó que constituyen medidas discriminatorias, debido al origen nacional de las personas, que no atienden a razones objetivas, pues distinguen entre mexicanos por nacimiento y por naturalización, sin considerar las capacidades de las personas para desempeñar funciones públicas, sino solo por la forma en que obtuvieron su nacionalidad”, detalló.

En noviembre del 2018, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de decreto promovida por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para reformar los artículos 17 y 58, y adicionar el 17 Ter de la Carta Magna de Tamaulipas.

Mediante esa reforma se estableció la obligatoriedad para todos los residentes y avecindados mayores de 14 años de tramitar una Cédula de Identidad.

El documento, que servirá como instrumento de identidad, será expedido por el Instituto Estatal de Protección a la Identidad, que está pendiente de integrarse.

El Instituto estará constituido por tres comisionados, uno de los cuales será el presidente. Durarán siete años en el cargo y no podrán ser reelectos.

El Congreso del Estado será el encargado de la designación de los comisionados, a propuesta del gobernador.

 

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