marzo 19, 2024
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enero 19, 2020 | 852 vistas

Chantal Martínez Díaz.

Cd. Victoria, Tam.-
En Tamaulipas el delito de Abandono de Obligaciones Alimenticias forma parte de la estadística de los crímenes de mayor incidencia. Durante todo el 2019 la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió un total de 1889 carpetas de investigación en contra de padres o madres ‘irresponsables’.

De las seis coordinaciones regionales, la de Victoria (que abarca los municipios de Abasolo, Bustamante, Casas, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Mainero, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán), es la que mayor carpetas de investigación recibió con 514 expedientes, según la estadística publicada en el portal de la Fiscalía.

En segundo lugar, la coordinación de Matamoros que se compone de los municipios de Burgos, Cruillas, Matamoros, Méndez, San Fernando y Valle Hermoso, recibió 465 denuncias.

En tercer lugar, la coordinación Tampico (de Aldama, Altamira, González, Madero y Tampico), registró 353 expedientes.

La Coordinación Reynosa que maneja la estadística de Camargo, Díaz Ordaz, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo, contabilizó 319 casos.

En tanto que en la Coordinación Nuevo Laredo se registraron 129 y, en la de Mante que abarca los municipios de Antiguo y Nuevo Morelos, Llera, Gómez Farías, Ocampo, Xicoténcatl y Mante, recibió 109, según el Sistema Institucional de la Procuraduría.

El delito de abandono de obligaciones alimenticias que está penado con la cárcel, es un tipo de violencia que se presenta al interior del seno familiar y perjudica directamente a los hijos. En su mayoría el padre es quien evade esta responsabilidad; sin embargo, también hay registros de casos de mujeres que lo cometen.

El interés superior del niño, niñas y adolescentes, es un principio legal y engloba diversas acciones y procesos que las instituciones deben seguir para garantizar una vida digna y desarrollo integral, lo cual incluye garantizar plenamente sus derechos, como la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Por lo anterior se mantienen activas campañas para ejercer los derechos y existen instancias como las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, así como el Instituto de la Defensoría Pública, que coadyuvan para interponer las denuncias.

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