Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Ni a corto o mediano plazo está contemplado un aumento en la tarifa del transporte público en Tamaulipas, aseguró Heriberto Morado.
El Subsecretario del Transporte dijo que autorizar un incremento al cobro por el servicio requiere primero de una solicitud formal y ninguna organización lo ha hecho.
“No hay nada de eso. Nadie ha formalizado por escrito una solicitud”, mencionó.
Recientemente, concesionarios del transporte se reunieron con el Secretario General de Gobierno, pero no expusieron ninguna petición de aumento a la tarifa.
“Estamos de acuerdo en que se han elevado los costos de los combustibles y de las refacciones, pero aumentar la tarifa golpearía severamente el bolsillo de las familias tamaulipecas”, indicó.
El funcionario admitió que desde hace cinco años no se ha otorgado un aumento a la tarifa del transporte público, por lo que sería justo un incremento, pero para ello debe hacerse un estudio previo y buscar la forma de aminorar el daño a la economía de las familias.
Dentro del mismo contexto, dijo que un 40 por ciento de los vehículos que prestan el servicio público en la entidad no cumplen con los requisitos de ley, sobre todo el que tiene que ver con la antigüedad.
Sin embargo, señaló, retirarlos de la circulación generaría un grave problema social, porque no hay suficientes unidades que atiendan la demanda del servicio.
Para subsanar esa situación se trabaja en la implementación de un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus), que permita dotar a las principales ciudades del estado de un servicio de transporte de calidad.
Por ejemplo, en los municipios de Tampico, Madero y Altamira se prevé crear un servicio de transporte con metrobuses.
“Estamos en el análisis y esperamos concretar pronto ese proyecto”, señaló.
Cabe señalar que la Ley del Transporte de Tamaulipas fue reformada en 2015, precisamente para modernizar la prestación del servicio.
No serían permitidas unidades “chatarra” y las que quedaran operando deberían traer hasta aparatos de localización satelital (GPS).
A cinco años de distancia, la ley sigue sin aplicarse.
