abril 26, 2024
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abril 22, 2020 | 172 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron reformar al Código Civil de Tamaulipas, para suspender el cobro de renta de viviendas e inmuebles para negocios durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

Durante la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, celebrada éste miércoles, la legisladora Olga Garza Rodríguez presentó una iniciativa para adicionar al ordenamiento Civil el artículo 1137 Bis.

La intención es establecer por ley la posibilidad de suspender o modificar los plazos y montos del pago de rentas de viviendas y locales comerciales.

La reforma no eximiría a los arrendatarios del cumplimiento del pago de renta, ya que lo único que se busca es un acuerdo de buena fe con el arrendador con respecto a plazos, términos y condiciones en que deberán cumplirse los pagos que dejen de cobrarse.

Los arrendadores podrán cobrar un interés moratorio a los inquilinos a una tasa que no podrá ser mayor a la tasa interbancaria.

Los diputados del PRI señalaron que, actualmente la legislación Civil no prevé que el arrendador esté obligado a suspender o disminuir la renta en tiempos de emergencia sanitaria como la actual, o de desastre.

“En ningún momento se pretende eximir el cumplimiento de pagar renta sino de promover un esquema de solidaridad y apoyo mutuo en un momento crucial para la humanidad”, precisó.

Y añadió: “Estamos viviendo una realidad que nos obliga a proteger a la ciudadanía sin afectar a los propietarios de los inmuebles. Lo que pretendemos es que la ley obligue al arrendador y arrendatario a establecer un acuerdo de modificación de plazos, términos y condiciones en casos de declaraciones oficiales de emergencia sanitaria”, precisó.

Garza Rodríguez advirtió que la reforma es necesaria porque de lo contrario muchas personas podrían quedarse sin casa al no poder pagar el alquiler.

“Las reducciones salariales y gastos imprevistos han hecho que el pago de renta o alquiler de sus viviendas sea una carga económica imposible de solventar. Con ello las personas corren el riesgo de quedarse sin casa en un momento muy difícil en que el resguardo domiciliario es lo más seguro para mantenernos a salvo del Covid-19”, detalló.

Por lo que hace a los comerciantes, dijo, es importante aplazar el pago de renta de sus locales porque han sido obligados a cerrar sus puertas y además se les pide no despedir a empleados y empleadas.

La Diputada solicitó aprobar de manera urgente la iniciativa pero el Pleno Legislativo rechazó su petición y la turnó a Comisiones para su análisis y dictamen.

“La legislación debe responder a la realidad en que vivimos de lo contrario es letra muerta. Tenemos que asegurarnos que ésta respuesta sea optima y eficaz”, advirtió.

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