Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Durante una videoconferencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, expuso a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su desacuerdo con la recién aprobada Ley de Amnistía, y planteó la necesidad de legislar para que haya justicia presupuestal para Tamaulipas y para que el Instituto Nacional de Migración (INM) asuma su responsabilidad con los migrantes varados en la entidad.
Fue el mismo diputado panista quien informó de lo anterior, a través de una publicación en sus redes sociales.
En la videoconferencia participaron también otros presidentes de juntas de coordinación política de otras entidades del país.
El propósito del encuentro virtual fue coordinar acciones y compromisos para armonizar leyes en materia de prevención de violencia política contra la mujer en razón de género.
“Dentro de mi participación abordé tres temas prioritarios para nuestro Estado: 1.- El no estar de acuerdo en liberar delincuentes; 2.- Justicia Presupuestal para Tamaulipas; y 3.- El cumplimiento del acuerdo para que el Instituto Nacional de Migración retire migrantes de nuestro estado”, señaló el también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
“El trabajo coordinado es prioritario para generar acciones responsables para Tamaulipas y para México…”, indicó.
Cabe señalar que diputados locales y federales de diferentes partidos políticos han expresado su rechazo a la Ley de Amnistía, por considerar que agravará la situación de inseguridad pública y es un agravio para policías, ministerios públicos y jueces, al demeritar su trabajo, en el cual incluso arriesgan su vida.
Con la nueva ley se le abrirían las puertas de las cárceles a mujeres acusadas de aborto y al personal que las haya asistido; a quienes hayan cometido delitos contra la salud en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad, cuando los implicados hayan sido obligados por algún familiar o un miembro del crimen organizado.
También extinguirá la pena en cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado; a quienes hayan cometido robo sin violencia que no amerite más de cuatro años de prisión, y a los responsables del delito de sedición.
Por otra parte, en cuanto a la demanda de justicia presupuestal, el Congreso del Estado ha venido haciendo gestiones ante el Gobierno federal para que le asigne a Tamaulipas mayores recursos de los que le otorga cada año, de manera que sean proporcionales con los que aporta como resultado de la recaudación tributaria.
Acerca del tema migratorio, el Gobierno de Tamaulipas ha sido insistente para que el INM asuma su responsabilidad en relación a los miles de migrantes que permanecen en ciudades fronterizas en espera de que Estados Unidos les resuelva una petición de asilo político.
