mayo 3, 2024
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junio 5, 2020 | 206 vistas

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-
La diputada federal de Tamaulipas por el Partido del Trabajo, Olga Juliana Elizondo Guerra propuso tipificar como delito el tráfico de ganado e imponer penas de cinco a diez años de cárcel a quien lo cometa.

Explicó que desde hace varios años el sector pecuario de México ha sido afectado por la introducción ilegal de ganado bovino originario y procedente de Centroamérica, situacional que ha puesto en riesgo el estatus sanitario de la actividad ganadera y las exportaciones comerciales.

Inclusive, mencionó que en noviembre del 2019 los gobiernos de México y Guatemala firmaron un memorándum para regular esa actividad que ha encendido los focos de alerta a las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos, quienes han advertido los riesgos que implican para las cadenas productivas un cierre de la frontera para el ganado y los productos mexicanos, pero sobre todo los peligros para la salud de las personas que consumen productos cárnicos y derivados.

La legisladora advierte que el tráfico ilegal de ganado es llevado a cabo por organizaciones delictivas que compran o alteran los certificados de sanidad, aretes de identificación y guías de tránsito.

Con ello se aparenta cumplir con la normatividad nacional y acreditar la legal procedencia del ganado, dando lugar al ingreso a territorio nacional de cerca de un millón de cabezas de ganado ilegal anualmente con un valor de diez mil millones de pesos.

La iniciativa de la diputada propone adicionar un Capitulo II BIS denominado “Del tráfico de ganado” al título séptimo del Libro segundo y un artículo 199 BIS I. Asimismo sería reformar el primer párrafo y adicionar un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 242 BIS del Código penal federal,

Con ello se pretende castigar con prisión de cinco a diez años a quien introduzca ilegalmente ganado al territorio nacional, lo transporte, comercialice, sacrifique o rompa los cercos sanitarios.

También esta iniciativa alcanza a quien altere, reutilice, proporcione información falsa o falsifique los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas zoosanitarias, así como al técnico identificador autorizado que coloque los dispositivos de identificación oficial sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

Las penas, según la propuesta, se incrementarán en una mitad para el servidor público, que por si o por interpósita persona, participe en cualquier forma o permita la comisión de los ilícitos y se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o misión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

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